Morelia, Michoacán
En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado declaró “no ha lugar” varias iniciativas, ya sea porque se contradecían con la Constitución Federal o porque se trataba de reformas que se referían a atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y en algunos casos porque iban en contra de los derechos humanos.
Tal fue el caso de la propuesta de la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli Saucedo Reyes, respecto a eliminar la figura de los juzgados comunales. Se desechó porque se determinó que va en contra del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Del mismo modo, se consideró que la propuesta que había hecho la ciudadana Adriana Saucedo Torres en relación con que la vida se proteja desde la concepción y se dote de derechos a los óvulos fecundados. No se discutirá porque va en contra de la Constitución Federal y tratados internacionales.
Otro de los puntos fue el que propuso el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Polo Aguirre Chávez, quien buscaba hacer autónoma a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para que ya no dependiera del Congreso del Estado; sin embargo, se desechó al detectar contradicciones con la normativa federal, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) depende del Congreso de la Unión.
Fermín Bernabé Bahena, de Morena, presentó una iniciativa para que toda persona tenga derecho a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y al Internet, pero la comisión de Puntos Constitucionales señaló que la tarea de proveer infraestructura para la instalación de Internet corresponde al Ejecutivo Federal y la iniciativa privada y no al Gobierno del Estado.
Este mismo diputado presentó una propuesta de armonización con una disposición federal, la Ley General en Materia de Personas Jóvenes, pero la comisión que preside Ángel Custodio Virrueta apuntó que todavía no se ha aprobado dicha ley, por lo que es imposible armonizarla de manera anticipada.
Por otra parte, Lucila Martínez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) había propuesto al pleno darle atribución a los municipios para que celebren convenios con organizaciones internacionales; pero la iniciativa no trascendió porque se explicó esto sólo lo puede hacer el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
