Foto: ACG

Morelia, Michoacán

Entre la desinfomación que se ha generado en torno a la consulta popular que se realizará en todo el país el próximo domingo está la afirmación de que la consulta es para decidir si se va a someter o no a juicio a los ex presidentes de México, cuando en realidad lo que se está preguntando a la población es si cree que debiera crearse una Comisión de la Verdad.

Durante una charla que se transmitió en vivo a través de Facebook el pasado miércoles, los integrantes de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán aclararon ésta y otras dudas de los electores y dejaron en claro que no habrá detenciones ni juicios en caso de que se determine la consulta como válida y los votos por el “sí” supere el 50 por ciento más uno.

“No se trata de una consulta para enjuiciar ex presidentes. Eso no es cierto. No se va a detener a ningún ex presidente si gana el sí en la consulta”, precisó David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta local.

El titular del organismo electoral en la entidad explicó que lo que se está buscando es generar justicia tradicional y no justicia penal o administrativa y que este tipo de justicia está compuesto por cuatro elementos: verdad, justicia, reparación del daño y no repetición. 

Entonces, lo que se va a decidir no es si se emprende un proceso penal, sino si se requiere una comisión independiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial que se dedique a recabar datos, a entrevistar a posibles víctimas o victimarios y a recabar información que podría en todo caso contribuir para que se emita una denuncia ante la FGR o alguna otra instancia impartidora de justicia, siempre y cuando el delito en cuestión no haya prescrito.

El vocal recordó que la pregunta que se hará a los ciudadanos que participen en la consulta fue determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y es la siguiente:

Esto quiere decir que no se trata de someter a juicio sino de esclarecer las decisiones políticas y reparar, de ser el caso, el daño inflingido con esas decisiones. Con decisiones políticas, aclaró Delgado Arroyo, se refiere a las que derivaron en políticas públicas, es decir, que buscaban solucionar un problema público y con esto no sólo las decisiones de los ex presidentes podrían cuestionarse por esta Comisión de la Verdad, sino también las de cualquier otro servidor público con atribuciones de toma de decisiones, como gobernadores, titulares de dependencias, dirigentes de partidos políticos, etcétera.

¿Por qué no se nombra a los ex presidentes?

David Alejandro Delgado explicó que el criterio de la SCJN fue que no deberían emitirse juicios de valor desde la pregunta ni señalarse a personajes concretos:

“Lo que hay que entender es que una consulta no puede hacer un linchamiento de personas por más odiosas o queridas que sean, no se puede hacer esto. La consecuencia de la consulta va a ser simple y sencillamente hacer un acto previo al  proceso judicial que normalmente se hace… si gana el ‘sí’, claro, porque si gana el ‘no’, no se hará ese acto previo pero tampoco va a generar un mandato de impunidad”. 

¿Qué haría la Comisión de la Verdad?

El vocal ejecutivo aclaró que la función principal de este tipo de figuras es el esclarecimiento de determinados hechos, ejemplificó que ya existe una comisión de este tipo, que depende de la Secretaría de Gobernación, en torno al caso de Ayotzinapa y detalló:

“Cuando hay un momento de mucha violencia en un país, que requiere que se forme una Comisión de la Verdad que será temporal, que no será judicial, que va a  llenarse de documentos, entrevistas a personas, tanto presuntas víctimas como victimarios y va a generar conclusiones y en su caso dará vista si se demuestra, al órgano competente para procurar la justicia que ya sería la FGR. No es una consulta vinculante para ninguno de los órganos de administración de justicia sino para generar un mecanismo de esclarecimiento de las decisiones políticas en otros años”. 


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