Morelia, Michoacán

En Michoacán ya suman 10 comunidades indígenas que reciben presupuesto directo, se prevé que para finalizar el 2021, sumen más de 25, informó Pavel Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

En entrevista, el representante de comunidades indígenas que buscan su autodeterminación resaltó que las comunidades de Jarácuaro y Turícuaro están en vías de realizar la consulta ciudadana para determinar el sistema de usos y costumbres.

“Muchas comunidades entendieron que un camino que puede haber bueno es la autonomía y auto gobierno, cada semana estaremos apoyando a una nueva comunidad. Se prevé que para cerrar el año sean unas 25, al momento van 10”.

Imagen de referencia

Pavel Guzmán refirió que las 25 comunidades que estarían rigiéndose bajo el esquema de usos y costumbres son de 14 municipios del estado.

“Las que recuerdo que ahorita ya cuentan con presupuesto directo son San Ángel Zurumucapio, Ocumicho, cinco comunidades de Zitácuaro, Turicuaro, de las que ya reciben está Nurio, Pichátaro, San Felipe de los Herrerros, Santa Fe de la laguna, Tanaco y Cheranastico”.

Para el vocero del CSIM el mayor reto de las comunidades que administran su propio presupuesto radica en empujar la reforma a las leyes de fiscalización, con la finalidad de que los ayuntamientos otorguen a las comunidades las claves de comprobación de gastos de fondos federales.

Foto: Archivo

“Hay un problema de doble discurso en los ayuntamientos, se quejan de que los consejos de gobierno comunal no quieren comprobar, pero hacen todo lo posible para que no comprueben; porque las autoridades municipales tienen claves, pero no se las pasan a los consejos para que comprueben, los acusan pero no brindan facilidades”.

En ese sentido, Pavel Guzmán recalcó que lo que hace falta es concretar una serie de reformas legislativas para que los consejos comunales sean reconocidos como figuras autónomas y con ello, cuenten con su esquema de fiscalización.

“Los consejos comunales será un tema que va para rato. Hay muchos vacíos legales que no permiten a las comunidades comprobar de manera directa, todo ese proceso es a través de los ayuntamientos y hay muchas trabas”.

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