Washington, EU
Tras acusaciones de varios órganos de prensa, el gobierno de Estados Unidos anunció a fines de la semana pasada que dejará de usar dos centros de detención de inmigrantes, actualmente bajo investigación por presuntas esterilizaciones a mujeres y otros graves atropellos a los derechos humanos.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prescindirá de los servicios de una instalación estatal ubicada en Massachusetts y de otra operada por privados en Georgia.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas indicó que la decisión es un “primer paso importante” en el objetivo de lograr “mejoras duraderas en nuestro sistema de retención de inmigrantes”.
Valer recordar que en el Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla, Georgia, un médico fue acusado en septiembre de 2020 de realizar cirugías no consensuadas a las detenidas.
Según la organización Project South, con sede en Atlanta, al menos 17 mujeres, incluidas varias inmigrantes mexicanas, fueron sometidas a procedimientos de esterilización sin su consentimiento o sin tener la información necesaria.
El DHS y la policía federal FBI abrieron una investigación, y el gobierno mexicano pidió explicaciones luego de identificar al menos a dos de sus nacionales víctimas de estas prácticas.
El otro establecimiento, el Centro de Detención de Inmigración C. Carlos Carreiro, en North Dartmouth, Massachusetts, estaba en la mira de las autoridades por la represión violenta desatada por la policía local contra unos reclusos que se negaron a hacerse las pruebas del coronavirus en mayo de 2020.
Por su parte, Naureen Shah abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) apuntó que a los inmigrantes en las instalaciones en Massachusetts se les había negado “comida y atención médica adecuadas” y criticó el “programa antiinmigrante” del alguacil del condado de Bristol, de cuya oficina depende el centro.
En una carta a Mayorkas, en abril, la ACLU pidió el cierre de 39 centros de detención del ICE “como un punto de partida para terminar con la criminalización masiva y el encarcelamiento predeterminado de inmigrantes indocumentados”.
