Foto: Melissa García

Morelia, Michoacán

Ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se han presentado 18 quejas por violencia política en razón de género en lo que va del proceso electoral en curso, informó la consejera electoral local Araceli Gutiérrez Cortés.

La consejera destacó en entrevista con Primera Plana Mx que de estas quejas, seis se presentaron en 2020, mientras que las otras 12 están documentadas en el 2021, de las cuales tres ya se turnaron al Tribunal Electoral del Estado, ocho continúan en trámite en el IEM y una más fue desechada.

Gutiérrez Cortés compartió que esta semana se otorgó una capacitación a algunas de las candidatas que están dadas de alta en la red de aspirantes con que cuenta el organismo electoral, a quienes se les dejó en claro en qué consiste la violencia política, cuáles son los alcances que tiene, qué elementos la identifican, cuáles son las conductas que representan actos de violencia política contra las mujeres, qué hacer cuando se encuentran ante una situación de violencia y a dónde acudir en caso de sentirse violentadas.

Aunado a ello, dijo que en diferentes momentos se les ha compartido un número telefónico que tiene el Instituto Electoral para la atención del tema, el que además funciona las 24 horas del día y desde el que directamente se les puede asesorar.

“Tenemos casi tres mil candidatas en esta red. Ha habido una participación muy importante de todas ellas, tenemos grupos de redes sociales donde se les envía información de manera constantemente como videos, la guía práctica y el formato para presentar quejas”, indicó.

Gutiérrez Cortés consideró que al trabajo que realiza el Observatorio de Participación Política de la Mujeres en Michoacán (OPPMM) le falta activarse a través de la representaciones de los partidos e instituciones que lo conforman, sobre todo para prevenir acciones a favor de las mujeres.

Agregó que el proceso intermedio del 2018 trajo consigo tres denuncias formales sobre violencia política por razones de género ante el órgano que representa, mientras que en el OPPMM el número se elevo a 13; sin embargo, hubo más de 200 casos que no llegaron a judicializarse.

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