Morelia, Michoacán
Más vinculadas a la vida privada de las candidatas que al ámbito público son las agresiones a las que ha brindado acompañamiento la especialista en derecho Elvia Higuera Pérez, así lo comentó en entrevista en donde detalló algunos de estos casos.
En ese sentido, ejemplificó que a una candidata de Santa Ana Maya se le fabricaron videos e imágenes de ella desnuda, tipo fotomontajes, para exhibirla con su esposo y generar una afectación en su relación familiar, así como en su imagen pública. Este caso sí fue denunciado.
En Uruapan, la violencia de género se gestó en contra de dos precandidatos a regidoras, a quienes se dejó fuera de la contienda a partir de acuerdos cupulares orquestados desde la dirección estatal del partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sin embargo, el caso más grave se dio en el municipio de Múgica, donde una candidata fue intimidada por el crimen organizado. “Prácticamente ya le dijeron que se bajara de la contienda” indicó la abogada.
Para Higuera Pérez, quien forma parte de la Ruta Púrpura por la Transformación, un grupo de Morena, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán (OPPMM) no está cumpliendo su cometido, a pesar de que fue pensado justamente como una herramienta para que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el Tribunal Electoral del Estado (TEEM), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) llevaran a cabo un proceso de acompañamiento a todas las candidatas y no dejarlas solas.
Consideró que además del acompañamiento, el OPPMM debería estar generando una base de datos para hacer un diagnóstico de en qué municipios se presentó con mayor frecuencia la violencia de género; en qué partido político no hubo mecanismos para poder acompañarlas internamente, cuántas denunciaron, cuántas no denunciaron, por qué motivos y finalmente cuál fue el impacto, si algunas renunciaron a la candidatura o tuvieron que bajarse de la contienda.
