Ciudad del Vaticano
El papa Francisco aprobó hoy nuevas leyes aplicables a los funcionarios y eclesiásticos que trabajan para la Curia Romana, a fin de reforzar su cruzada contra la corrupción dentro del Vaticano y atacar algunos recientes escándalos financieros.
A través de un “motu proprio”, un documento papal, se indica que, tanto los prelados como los laicos, deberán firmar una declaración asegurando que no han sido objeto de condenas, ni de juicios o investigaciones penales por corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales, explotación de menores o incluso evasión fiscal.
Estas personas tampoco podrán tener cuentas en efectivo o inversiones en países de alto riesgo por lavado de activos o financiamiento del terrorismo o en paraísos fiscales ni podrán relacionarse con empresas que operan “contra la doctrina social de la iglesia”.
Queda prohibido, igualmente, que los empleados acepten regalos por un valor superior a 40 euros (alrededor de 970 pesos).
Las nuevas reglas son una continuación de las medidas adoptadas el 19 de mayo de 2020, cuando el papa Francisco promulgó un renovado código de contratación pública, tras considerar que era necesario, “porque la corrupción puede manifestarse en diferentes modalidades y formas”.
La Santa Sede, además, se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
