Londres, Gran Bretaña
Una reforma legal que incrementa los poderes de la policía y castiga con multas y penas de cárcel a quienes participen en movilizaciones pacíficas provocó el fin de semana último manifestaciones en varias ciudades de Reino Unido.
La protesta más importante tuvo lugar en Bristol y derivó en confrontaciones entre la fuerza pública y un grupo de protestantes que realizó destrozos en tiendas y lugares públicos con un saldo de 21 agentes del orden heridos y ocho detenidos.
El proyecto de nueva Ley de Seguridad, impulsado por el gobierno de Boris Johnson, ha encendido las alarmas en ámbitos de juristas y de defensores de los derechos humanos, por la “alarmante extensión de la capacidad del Estado para controlar el derecho de libre reunión y asamblea”.
Lo cierto es que la mayoría de los analistas indica que lejos de otorgar mayores poderes legales a las fuerzas del orden, lo que se requiere es establecer mecanismos que aseguren la observancia del Estado de derecho por parte de los empleados públicos encargados de velar por él.
La capacitación de las policías en materia de respeto a los derechos humanos y perspectiva de género es una tarea civilizatoria requerida incluso en las naciones que, como Gran Bretaña, se reclaman como máximos exponentes de civilización y respeto a los derechos humanos.
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