Morelia, Michoacán
La nacionalización petrolera mexicana, llevada a cabo un día como hoy de 1938, está llena de altibajos y anécdotas y tiene a los obreros como los grandes protagonistas de un hecho histórico que sigue llenando de orgullo a los mexicanos de todos los estratos sociales.
Durante diez años, las compañías petroleras, acostumbradas a pagar pocos impuestos y a hacer lo que deseaban en nuestro país, intentaron impedir la formación de un sindicato obrero, pero, a pesar de todas sus trampas y amenazas, no pudieron evitar que en 1935 se fundara el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con el que tuvieron que firmar un contrato colectivo de trabajo que reconocía el derecho al paro.
Pero el sindicato fue a más y en noviembre de 1936 les exigió a las empresas del oro negro que establecieran la jornada semanal de cuarenta horas y pagaran mejores salarios, entre otras muchas demandas que causaron horror a los magnates gringo e ingleses. En consecuencia, no hubo remedio: se declaró una huelga general el 28 de mayo de 1937 que paralizó a la industria.
Ante tal bronca se formó una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que decidió el 18 de diciembre de este mismo año que las corporaciones debían erogar los 26 millones de pesos correspondientes a los salarios caídos desde el parón de mayo, y aceptar las condiciones de trabajo exigidas por los obreros.
Por supuesto, los dimes y diretes continuaron y, por miedo a perder sus propiedades, los caciques del petróleo le ofrecieron en marzo del año siguiente al primer mandatario mexicano, nacido en Jiquilpan, Michoacán, subir de manera significativa los salarios de los obreros. Sin embargo, el presidente les contestó que “ya era tarde”.
De esta forma, a Lázaro Cárdenas no le temblaron las piernas a la hora de defender a los trabajadores y aplicar la ley: el 18 de marzo de 1938, a las diez de la noche, y apoyado por su gabinete, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión, dio a conocer el decreto de expropiación de todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a las diecisiete compañías petroleras inglesas y estadounidenses que operaban en México.
Gracias a la nacionalización, pasaron al dominio absoluto del Estado mexicano las maquinarias, edificios, instalaciones, refinerías, estaciones de distribución, embarcaderos, oleoducto y un largo etcétera, un hecho que constituyó un duro golpe para el gran capital, acostumbrado a robarse las riquezas de México con total impunidad.
Al amanecer del 19 de marzo, los trabajadores petroleros tomaron posesión de las instalaciones de las compañías expropiadas y el gobierno expidió otro decreto para la conformación del Consejo Administrativo del Petróleo, con la intención de coordinar la administración temporal de la producción y comercialización del crudo en el territorio nacional.
El cardenismo se había apuntado una nueva victoria.
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