Ciudad de México – México Evalúa
La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado disminuir. Se expresa de diferentes formas, y la violencia sexual es una de las caras que menos se conoce y se atiende, pues ni siquiera llega al conocimiento de las autoridades. Por tanto, se mantiene impune en la mayoría de las ciudades del país, con cifras negras por arriba del 90%.
El Día Internacional de la Mujer es la ocasión adecuada para recordar que 2020 fue un año en el que las mexicanas vieron cómo la violencia en sus hogares se incrementó a causa de los efectos de la pandemia. Además, datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en su edición de diciembre de 2020, revelan que entre julio y diciembre de 2020 el 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados o no se inició una investigación.
Esto quiere decir que los delitos sexuales que sufren las mujeres, rara vez llegan al Ministerio Público. Es importante notar que este dato representa una disminución en 1.1 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.
Un retrato más preciso de la violencia sexual
Por segunda ocasión, la ENSU estima el número de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. Antes, sólo podíamos conocer el número de investigaciones iniciadas por este tipo de violencia —reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— y sin desagregación por sexo. Con estos datos ahora podemos complementar el análisis y obtener un panorama más completo del fenómeno.
Por ejemplo:
Casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre de 2020. La violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación.
La organización civil México Evalúa llevó a cabo un análisis para el que seleccionó la ciudad más poblada por cada estado del país. Después, contrastó los resultados reportados en la ENSU —víctimas— con el número de carpetas de investigación abiertas por delitos sexuales —acoso/hostigamiento sexual, acoso sexual y violación—.
Concluyó que el SESNSP reporta una proporción minúscula de la incidencia delictiva real. Para los delitos de hostigamiento/acoso sexual y abuso sexual, la cifra negra alcanza el 99.3 por ciento, es decir, 0.5 puntos porcentuales menos que lo reportado el año anterior para el mismo periodo.
Entre julio y diciembre de 2020 se dieron a conocer 8 mil 597 carpetas de investigación a nivel nacional por el delito de violación, mientras que la ENSU estima que 194 mil 334 mujeres fueron víctimas de este delito durante el mismo periodo. Esto significa que en el 96.4% de los casos de violación no hubo una denuncia o no se inició una investigación. Sin embargo, es importante mencionar que hubo una reducción de 3.1 puntos porcentuales de la cifra negra con respecto al mismo periodo del año anterior, que registró un 99.4 por ciento.
Recomendaciones de política pública de México Evalúa:
- Formular una política focalizada de reducción y prevención de los homicidios que atienda de manera diferenciada los factores y las dinámicas asociados a la violencia letal contra las mujeres y contra los hombres. La estrategia debe atender las características y los patrones espaciales de las zonas de mayor concentración de homicidios, mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, empresarios, académicos y sociedad civil.
- Garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección y las medidas precautorias para las mujeres que ya han sido violentadas física y emocionalmente.
- Fortalecer económicamente y con personal capacitado los refugios para mujeres y los centros de justicia. Este tipo de instituciones recibió un fuerte recorte de su presupuesto en 2020. Si queremos revertir el incremento de los homicidios de mujeres, debemos generar espacios en donde las mujeres víctimas de violencia puedan refugiarse de sus agresores.
- Identificar factores de riesgo y conductas vinculadas con la violencia de género, a través de los mecanismos de justicia cívica. La información que se genera sobre los infractores y las dinámicas de convivencia pueden servir para diseñar programas preventivos y acciones que eviten el escalamiento de violencia contra las mujeres.
