Morelia, Michoacán
La mayoría de los presidentes municipales en el estado no aplican la normativa respecto de la no discriminación, y además los diputados locales no hacen más que agregar a la ley determinadas palabras en vez de hacer modificaciones de fondo que abatan la discriminación que persiste.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa Alberto Hernández Ramírez, titular del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), quien aseguró que atender el tema de la discriminación y la violencia contra los grupos minoritarios es una obligación que los ayuntamientos simplemente no han asumido.
Actualmente existen 826 mil personas con discapacidad en todo el estado (17.4% de la población michoacana), según el censo levantado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), es decir cerca de 600 mil personas más que en 2010, cuandose contabilizaron 264 mil personas en este sector, habiéndose triplicado y más en la última década.
Ante ello, Hernández Ramírez considera que las personas con discapacidad son un grupo altamente representativo de la sociedad que no puede determinarse como “minoría”, en el sentido más amplio de la palabra.
“La legislación actual sobre discriminación no ha sido homologada con las consideraciones que abarca la ley federal emitida en 2011; un retraso considerable que limita al sector”, puntualizó.
“Los legisladores prefieren aumentarle palabras al código que asumir un cambio de fondo. Suelen dictaminar sobre el agregado de a quiénes no se puede discriminar, cuando la ley ya prevé que por ninguna condición, ya sea física o no, debe haber discriminación”, añadió.
Presupuesto minúsculo para combatir discriminación
Aunado a ello, el presupuesto asignado a la Coepredv ha ido a la baja, ya que en 2016 le fueron asignados 9 millones de pesos, y la estructura de funcionamiento entonces era el doble de la que hoy se tiene. Para 2018 y 2019 la asignación fue de 8 millones de pesos.
“En vez de haber un avance hubo un retroceso”, dictamina el zar antidiscriminación estatal.
No obstante, este año al Consejo se le asignó 9 millones de pesos, lo mismo que hace cinco años, pero su titular considera que se necesita reforzar la inversión para temas concretos.
Las siete delegaciones regionales con las que se contaba fueron eliminadas por falta de recursos, al igual que una dirección y dos jefaturas, con lo que las condiciones económicas y materiales han limitado el trabajo del Coepredv.
Desafortunadamente las condiciones financieras del estado han estado muy difíciles, por lo que visibilizar a la institución y explicar para qué sirve ha sido complicado.
