Morelia, Michoacán
El exaspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán y ahora precandidato de Fuerza por México, Cristóbal Arias Solís, aseguró que él ganó la encuesta interna del partido guinda y Raúl Morón sólo resultó elegido para evitar que pague por los actos corruptos que, asegura, cometió Lázaro Cárdenas Batel en obras realizadas por Odebrecht.
El senador michoacano acusó al exgobernador del estado de haber recibido sobornos de la transnacional brasileña, empresa célebre por haber provocado la corrupción de las más altas figuras políticas de América Latina, llevando incluso a presidente y expresidentes a la cárcel. Además, lo señaló como culpable de la ola de violencia en la que Michoacán se encuentra inmerso, y del fuerte endeudamiento de las arcas públicas.
Todo esto fue difundido por el diario Reforma, que cita las palabras de Cristóbal Arias durante una reunión con simpatizantes que habría tenido lugar ayer, martes:
“Es necesario marcar una raya con quienes endeudaron al Estado de Michoacán, con quienes tuvieron pactos y recibieron sobornos de Odebrecht y cobijaron a personajes corruptos, como Carlos Ahumada, además de que sumergieron a nuestro Estado en una crisis de violencia, de inseguridad, de sangre y de luto”.

Ya durante el largo periodo que se tomó la dirección nacional de Morena, a cargo de Mario Delgado, para designar a su precandidato único a la gubernatura de Michoacán, Arias Solís había alertado a la opinión pública de que Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy estaban usando sus influencias sobre el presidente López Obrador y su partido para impedirle obtener la candidatura.
Ahora queda claro que la acusación que ya desde entonces el senador de la República hacía contra los exgobernadores perredistas iba en el sentido de que estos quieren evitar que Cristóbal Arias, eventualmente en el poder, favorezca institucionalmente los procesos judiciales pendientes que revelarían las presuntas acciones corruptas de Godoy y Cárdenas Batel, de las que el legislador federal michoacano ya los ha señalado públicamente con anterioridad.
Sin embargo, la imputación del hoy precandidato de Fuerza por México se extendería a Raúl Morón Orozco, ya que, aunque hasta el momento no lo haya hecho explícito, lo que está planteando es que el presidente municipal de Morena con licencia habría realizado un pacto de impunidad con los exmandatarios michoacanos a los que acusa de enriquecimiento ilícito. O, en todo caso, que el interés de encubrimiento es del presidente de Morena, Mario Delgado, y Raúl Morón no sería más que una herramienta para lograr sus propósitos.
El nieto del general y Odebrecht

El hijo del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y hoy coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador gobernó Michoacán entre 2002 y 2008, y durante su gestión firmó con Odebrecht el contrato de construcción de la Presa Francisco J. Múgica, que terminó costando el doble que lo comprometido y finalmente se entregó incompleta, con fallas estructurales y cuatro años después de lo convenido.
No obstante, el contrato firmado por Lázaro Cárdenas estipulaba que el costo de la obra, de 2 mil 915 millones de pesos, no podría incrementarse por motivo alguno, y fue su sucesor en el Solio de Ocampo, Leonel Godoy Rangel, quien ilegalmente otorgó una ampliación de 601 millones de pesos y después autorizó “obras adicionales” en el proyecto por otros 813 millones de pesos. Por si fuera poco, incluso otorgó a Odebrecht mil 414 millones más para “finalizar” la presa, con lo que finalmente entregó a la corrupta transnacional brasileña 2 mil 828 millones de pesos más de lo acordado, es decir 97% más.

Aunque la presa debía ser entregada en 2008, finalmente Leonel Godoy la “inauguró” cuando seguía inconclusa el 5 de febrero de 2011 con bombo y platillo, acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas y diciendo que esta obra se inscribía “dentro de la más pura tradición del cardenismo”.
Las sospechas sobre Cárdenas Batel vienen sobre la elección inicial de Odebrecht para la construcción de la empresa, que se realizó bajo un proceso completamente opaco y plagado de irregularidades. Hasta la fecha se carece de documentos que sustenten que se realizó una licitación pública, y además la firma del contrato se efectuó ilegalmente antes de obtener las autorizaciones federales necesarias, lo que terminó generando conflictos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero además con los ciudadanos propietarios originales de las tierras donde se construyó la presa, que tuvieron que ser indemnizados ulteriormente por el Gobienro de Michoacán, elevando aún más los costos.
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