Morelia, Michoacán
Alfredo Castillo Cervantes, egregio personaje de la historia mexicana, dejó a su paso por Michoacán una senda de sangre, violencia extrema y muerte. Hoy la Función Pública lo inhabilita por 10 años, en lo que para muchos se convierte en un bálsamo de justicia tras una oscura crónica de terror que apesta a crímenes de Estado.
Y es que hacer una cronología que contenga todos los episodios en los que este milusos de la era Peña Nieto se vio involucrado en decisiones que parecen involucrarlo en abuso de poder, tortura, traiciones e incluso genocidio sería más bien tarea de un largo libro o serie documental, pero aquí al menos podemos recordar una pincelada de su ilustre trayectoria:
Referencias laborales
Antes de llegar a Michoacán, este personaje acompañó a Enrique Peña Nieto desde sus orígenes, desde un invisible pasado que no mostró su presencia al público hasta que el abogado y exasesor de la Procuraduría General de la República (PGR) fue investido como subprocurador de Justicia del Estado de México y explotó el escándalo del asesinato de la pequeña niña Paulette.
Paulette Gebara Farah, de cuatro años de edad, desapareció misteriosamente en marzo del 2010, y luego de nueve días apareció de la nada muerta entra las sábanas de su cama, ante el horror y desgarro de sus padres. Al acaparar la atención de los medios, el caso fue revelando una interminable lista de irregularidades y omisiones por parte de las autoridades que supuestamente estaban procurando justicia, las cuales lideraba personalmente el entonces subprocurador Castillo.
A pesar de ello, sólo dos meses después la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) cerró el caso, dejando atrás una investigación inaceptable a cualquier lógica humana, y como castigo al renunciado procurador y premio al protagonista de las pesquisas, se nombró a Alfredo Castillo como nuevo titular de la dependencia, honor que el funcionario honró elevando en 106% los feminicidios en la entidad durante sus dos años de estancia en el cargo.
Dos años más duró en el cargo, y luego las ofrendas por parte de Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco no dejaron de sucederse, pues lo nombraron director de Planeación Estratégica de la Agencia Federal de Investigación (AFI), luego director de Concertación, Modernización y Profesionalización de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, y después director de Servicios de Seguridad Privada.
Ya con Peña Nieto bien instalado en el trono presidencial, Castillo fue extrañamente alejado de la seguridad pública e instalado como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para sólo un año después regresarlo a sus actividades acostumbradas como enviado especial para atender la ola de inseguridad y masacre humana en Michoacán.
Michoacán: El Virrey
Fue el 15 de enero de 2014 que el presidente Enrique Peña Nieto dispuso por decreto la creación de la históricamente inédita Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán y puso a Alfredo Castillo a comandarla. En teoría, esta oficina sería una dependencia de la Secretaría de Gobernación federal para la pacificación de Michoacán; sin embargo, esta institución fue completamente incompatible con el orden federal constitucional mexicano y michoacano, y se dio en un contexto histórico muy específico.
Ante los sucesivos escándalos y surgimiento de pruebas de los nexos directos con el crimen organizado del entonces gobernador priista Fausto Vallejo y su secretario de Gobierno Jesús Reyna, segundo de a bordo que sucedió a su jefe intermitentemente debido al crítico estado de salud de este último, la Presidencia de la República forzó su renuncia y acordó con el Congreso de Michoacán nombrar gobernador interino al rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, mientras que el ‘comisionado de Seguridad’ del Gobierno de la República pasó a tomar el completo control de todas las actividades de seguridad pública y procuración de justicia en el estado.
Esta invasión a la soberanía constitucional de Michoacán, y la sospecha de que el hombre de confianza del Grupo Atlacomulco en realidad no sólo gobernaba en estos temas, sino en todos los asuntos del estado, le hizo ganarse el apodo de ‘El Virrey’, como todos los michoacanos y michoacanas lo recuerdan.
Alianza con autodefensas
La estrategia central del Virrey Castillo para enfrentar a la entonces dominante Familia Michoacana y su escisión Los Caballeros Templarios se centró en unificar, empoderar y armar a los ya levantados grupos autodefensas, para que se encargaran de exterminar a los capos de los grupos criminales que tenían control sobre el territorio, por medio de métodos que a la luz pública no serían aceptables para cualquier organización del Estado. Y esta estratagema fue un completo éxito, pues los hasta entonces poderosos cárteles fueron diezmados por los civiles armados con el apoyo de fuerzas policiales estatales y federales.
Exterminio de autodefensas
No obstante, líderes ya empoderados de los grupos de ciudadanos en armas, como José Manuel Mireles e Hipólito Mora, no se dieron por satisfechos con la virtual desarticulación de los Templarios, y empezaron a exigir al enviado del Gobierno Federal que continuaran las acciones de expulsión y erradicación de los demás grupos criminales que operaban en la entidad, especialmente las cada vez más poderosas células delincuenciales provenientes de Jalisco, que amenazaban con la restitución del histórico Cártel de Guadalajara.
Esta idea, por algún motivo, no gustó nada a Castillo, y de un momento a otro arrancó una encarnizada persecución de los autodefensas que apenas habían sido sus principales aliados, y terminó capturando a cientos de ellos bajo la acusación de poseer las “armas de uso exclusivo que, según lo han documentado diversas asociaciones de derechos humanos, él mismo ordenó entregarles. Héroes populares michoacanos permanecieron años en la cárcel, con el célebre caso del hoy difunto, vía covid, doctor Mireles que durante tres años fue abandonado sistemáticamente dentro del sistema carcelario con la esperanza de que su compleja condición cardiaca terminara con su existencia.
Un chivo expiatorio
Durante su gestión en muy extrañas circunstancias fue asesinado el presidente municipal de Tanhuato, Gustavo Garibay García. Ante ello, el Virrey culpó al líder autodefensa Enrique Hernández Saucedo como autor intelectual del homicidio y detuvo a otros 18 autodefensas, dando carpetazo después a una investigación cuyas pruebas jamás se presentaron públicamente.
Nexos con el crimen organizado
Al tiempo que se iba exterminando sistemáticamente y expulsando del territorio a las fuerzas criminales de los Templarios y la Familia progresivamente fue cobrando poder y dominio territorial un nuevo grupo delincuencial: Los Viagras. De este hecho personajes públicos han culpado directamente a Alfredo Castillo, presentando más argumentos que pruebas contundentes, entre ellos el entonces presidente municipal de Tepalcatepec y hoy aspirante a la alcaldía de Morelia Guillermo Valencia Reyes.
“Existe una simulación en la seguridad desde Alfredo Castillo y se sigue dando, sólo se arrastra un problema y se simula que se combate con operativos de distintos nombres, el crimen ocupó vacíos que el Estado dejó, y el Estado Mexicano, el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fortaleció a los delincuentes “, dijo el ex Alcalde.
Y la voz de Memo Valencia fue respaldada por muchos importantes personajes en los siguientes años, entre ellos el hoy gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en 2018.
Matanza de Apatzingán
Después de numerosos episodios en los que activistas y ciudadanos denunciaban la práctica extensiva de las ejecuciones extrajudiciales por parte de los elementos bajo el mando de Castillo, el 6 de enero de 2014 trascendió que en la ciudad de Apatzingán ocho civiles fueron ejecutados mientras se encontraban desarmados, arrodillados y en plena calle.
Ante ello, el Virrey Alfredo Castillo insistió que se trató de un enfrentamiento entre maleantes, versión universal de todos los hechos violentos de la época en la entidad, pero con el paso de las semanas salieron a la luz diversos testimonios y pruebas de que se remató fríamente a los heridos para que ninguno sobreviviera.
Esto trajo como consecuencia que una comisión de legisladores federales opositores al régimen del PRI citara al comisionado en el Congreso de la Unión para que rindiera pruebas, y si bien Castillo acudió a la cita ahí se dedicó a atacar abiertamente a los representantes del pueblo e incluso insultarlos, siendo especialmente recordada su agresión a Luisa María ‘Cocoa’ Calderón, hermana del expresidente y aspirante a la gubernatura de Michoacán.
Con todo, el escándalo generado por este proceso terminó en su dimisión, que pronto Peña Nieto compensaría con un nuevo premio.
Legado y final feliz
En abril de 2015 el presidente de México nombró a Alfredo Castillo como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que desde entonces pasó por el periodo más lamentable que se recuerda desde su creación.
En los Juegos Olímpicos de 2016, la Delegación Mexicana obtuvo uno de los resultados más pobres que se recuerden para el país, en comparación con la cantidad y nivel de atletas que asistieron a la justa. Al ser cuestionado sobre la situación, el alfil de Peña Nieto optó por defenderse declarando, en una recordada entrevista de radio:
“La Conade es sólo es una agencia de viajes y propiamente lo único que hace es dar el dinero a las federaciones”.
Al cerrar su gestión en 2018, con la bochornosa salida del presidente Peña al terminar su periodo, las cuentas no cuadraron. Al menos 2.3 millones de pesos para los apoyos especiales a atletas desaparecieron, y otros 8.8 millones fueron a parar a 31 deportistas fantasmas, cuya existencia nunca se comprobó.
Masacre de Tanhuato
El 22 de mayo de 2015, menos de un mes de haber dejado el Virrey su cargo en Michoacán, hubo un supuesto enfrentamiento de la Policía Federal en el rancho El Sol de Tanhuato, con pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación, en medio de los rumores de que la administración Castillo había abierto el paso a esta reconstituida organización criminal.
El resultado fue de 42 presuntos delincuentes acribillados hasta la muerte, y un policía asesinado a balazos. Desde entonces la hoy difunta Policía Federal sostuvo que se trató de una actuación conforme a derecho, pero las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelaron que fue todo lo contrario, y el trasfondo político del hecho, así como su relación con la abrupta terminación del virreinato de Alfredo Castillo en Michoacán se dejó ver entre los hechos, que difícilmente algún día serán esclarecidos.
Hasta hoy, el múltiples veces funcionario federal no ha asistido a las citaciones de la justicia o se ha negado a declarar sobre estos y otros sangrientos sucesos en Michoacán. Su inhabilitación actual no se debe a uno solo de ellos, sino al presunto enriquecimiento ilícito al desviar los millones que debían ir a los deportistas mexicanos. Su paso por tierras michoacanos, seguirá en la impunidad.
