Madrid, España – El País
La pandemia global fue un pretexto perfecto para los dictadores y los regímenes autoritarios, la justificación ideal para mantener a raya a sus ciudadanos, encerrados y callados, una realidad que es patente iniciando este 2021 en muchos lugares del mundo.
Ya lo advirtió Michelle Bachelet. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU identificó el peligro en abril y acaba de insistir a finales de este año: la crisis sanitaria desatada por la COVID-19 puede acabar infectando el cuerpo de la democracia y de las libertades. Y no hay vacuna contra ese virus “salvo más derechos humanos”, como dijo la expresidenta chilena.
Desde que estalló la pandemia en marzo pasado, con casi dos millones de muertos, cerca de 82 millones de contagiados y con el planeta en vilo, algunos regímenes autoritarios han aprovechado el miedo de sus sociedades para convertir las mascarillas en bozales y el confinamiento en estados de excepción encubiertos.
Varios expertos en derechos humanos consultados por El País subrayan que entre los males que ha traído la pandemia, además de la crisis sanitaria y económica, hay que incluir un retroceso de las libertades, incluso en las democracias. El último estudio de Idea (Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, en sus siglas en inglés), un organismo intergubernamental con sede en Suecia y en parte financiado por la Unión Europea, asegura que casi la mitad de los países democráticos (el 43%) y la mayoría de los no democráticos (un 90%) han puesto en marcha medidas “ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias” desde que empezó la pandemia. El instituto clasifica en su informe sobre el estado de la democracia en el mundo a 162 países de 195 en tres categorías: democracias (99), regímenes híbridos (33) y autoritarios (30), tomando como criterio parámetros como la existencia de elecciones fiables, el respeto a los derechos humanos o la igualdad entre sexos.
El informe sostiene que este año se ha producido una erosión del Estado de derecho sin paragón desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en términos de libertad de expresión, una de las restricciones más comunes, hay más países en retroceso que en ascenso por primera vez desde 1975, una tendencia que ya venía registrándose desde 2014. “Los elementos más preocupantes se dan en lo que llamamos regímenes híbridos como Rusia, Turquía, Marruecos, Afganistán o Pakistán y en las democracias débiles o de baja calidad como Polonia, Hungría, la India, Filipinas o Serbia, donde las acciones del Ejecutivo están minando los principios democráticos, una tendencia que, si no se revierte, podría haber llegado para quedarse”, afirma Alberto Fernández, uno de los autores del informe de Idea en conversación telefónica desde Estocolmo.
“Aunque aún es pronto para calibrar el impacto de la pandemia y es complicado sacar conclusiones, se han aprobado medidas que podrían mantenerse en el tiempo como las restricciones a la libertad de prensa o de información, que incluso se han convertido en leyes en algunos países, mientras otras como las limitaciones de movimiento o de reunión nadie espera razonablemente que se mantengan más allá de la emergencia sanitaria”, añade Fernández.
Aquellos Estados que presumen de haber logrado luchar contra el virus de manera más eficaz y con un menor coste de vidas, según el cómputo de la Universidad Johns Hopkins, lo han hecho, sostiene el estudio, a costa de olvidarse de los derechos humanos, como ha ocurrido por ejemplo en China, donde los médicos que alertaron de los primeros signos en Wuhan fueron silenciados y muchos periodistas extranjeros expulsados, o en Cuba.
En países como Islandia, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Taiwán y Uruguay, las medidas adoptadas contra el virus, según el informe, no han vulnerado en general los derechos fundamentales, aunque en muchas partes de Europa y en Estados Unidos, con una gran tradición democrática, se han incrementado los decibelios de la polarización política. “Han respondido de manera eficaz a la pandemia sin socavar las libertades”, dice Fernández. No ha sido así, en cambio, en Hungría, Polonia, Ucrania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Bielorrusia o Azerbaiyán donde la covid se ha utilizado como excusa para cercenar las libertades básicas, retrasar o aplazar la celebración de elecciones -una medida en ocasiones justificada por el peligro de contagio, pero muy bien aprovechada por los regímenes no democráticos o autoritarios, ya que, de las 185 previstas hasta octubre pasado, se habían pospuesto 93 y realizado 92- o para silenciar a los críticos, cuando no directamente para aplastar a la oposición como en Bangladés o en Camboya.
En otras zonas del mundo como América Latina y África -que tiene el peor comportamiento con el 76% de países con las libertades en semáforo rojo, solo por detrás de Oriente Próximo-, la crisis sanitaria ha ahondado la corrupción, la debilidad estatal, la pobreza, la desigualdad o la exclusión de los grupos más vulnerables, entre ellos, las mujeres, los emigrantes y las minorías raciales. Además, en ocho países, entre ellos México y Chile, han sido las Fuerzas Armadas las encargadas de controlar la pandemia y la seguridad. Regímenes como Venezuela, Cuba y Nicaragua se han vuelto aún más autoritarios, según el documento.
“Desde que estalló la pandemia, la democracia y los derechos humanos se han deteriorado en 80 países”, advierte, por su parte, Amy Slipowitz, coautora del último estudio de la organización Freedom House Democracy under lockdown (Democracia bajo el confinamiento) en un correo electrónico. Según Slipowitz:
“Este deterioro es particularmente preocupante en las democracias incipientes y en los Estados altamente represivos”.
Según el informe de esta organización estadounidense, en el que participaron más de 400 periodistas, trabajadores sociales, activistas y expertos sobre 192 países, la lista incluye tanto dictaduras como democracias que han rebajado los estándares.
Para Freedom House, la pandemia ha acentuado la desconfianza en la democracia, una tendencia latente que se exacerbó a partir la Gran Recesión de 2008. Aunque la emergencia sanitaria disminuya por la difusión de vacunas en los próximos años, Slipowitz cree que ese patrón seguirá. Es decir, que continuará la propagación de las llamadas fake news o desinformación, que tan bien han manejado a lo largo de este año presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro; será más fácil a los Gobiernos autoritarios controlar a la población alimentando el pánico o se incrementará el control de los Estados mediante la videovigilancia, como ilustra el caso de China.
“Por el momento, todos los gobiernos deberían asegurarse de que las medidas de emergencia son proporcionadas y temporales. También deberían asegurarse de que la población tiene acceso a información fiable sobre la pandemia, permitir la celebración de elecciones libres y fiables con medidas sanitarias adecuadas, identificar las violaciones de derechos humanos y castigarlas y combatir la corrupción”, concluye Slipowitz.
