Ciudad de México

La iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales que dan sustento a familias mexicanas, aseguraron en un comunicado conjunto la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

Aseguraron que su aprobación dañaría seriamente la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que decidieron no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa que busca prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada.

Agregaron que advierten que hay una intención de estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, cuando la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS en sus actividades de fiscalización.

Consideraron absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría y se dijeron a favor de las prácticas legales que favorecen la creación de empleo y promueven a inversionistas con dimensión social y se dijeron en disposición al diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo.

“Regulación sí, prohibición no”, subrayaron las cámaras empresariales. Establecieron que tendría que tomarse en cuenta que la subcontratación es una actividad lícita y conveniente y se deben respetar los derechos de los trabajadores y las empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses.

Esta libertad de contratación, puntualizaron, debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y desde luego, la creación de más y mejores empleos, de tal manera que los trabajadores contratados bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus derechos.

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