Juan Antonio Magallán – Morelia, Michoacán
El gobernador Silvano Aureoles compartió 10 medidas que seguiría el Gobierno del Estado para apaliar la crisis que ha generado la pandemia de COVID-19, que se prevé que para diciembre se agudice aún más por una segunda oleada de contagios.
Ante representantes del sector empresarial michoacano, el mandatario estatal dijo que el decálogo emanó de una serie de análisis a cargo de expertos en desarrollo económico. Se trata de recomendaciones hacia gobiernos para atender las crisis.
El primer punto estriba en perfeccionar el control de contagios de COVID-19 y el cumplimiento de medidas sanitarias; matizó el caso de La Piedad, municipio que en últimos días vio rebasada su capacidad hospitalaria, por lo cual el gobierno estatal tuvo que llevar más camas y equipos para la atención médica.
El segundo punto estriba en la adopción de educación presencial/digital, con la finalidad de que las escuelas no se conviertan en focos de contagio. En Michoacán un eventual retorno de alumnos de educación básica significaría el movimiento de dos millones de personas diariamente. El tercer punto radica en fortalecer las cadenas de suministro de bienes y servicios, en ello ejemplificó el lanzamiento de “Mi Negocio Digital”, plataforma en internet que permitirá adherir a negocios locales en las ventas por internet.
En cuarto lugar, Aureoles Conejo resaltó el impulso a las energías renovables, para ir dejando de lado los combustibles fósiles. La quinta medida estriba en modernizar los esquemas de servicios públicos.
En sexto punto, Silvano Aureoles dijo que se debe pasar de concebir al déficit público como una posibilidad de inversión, sin dejar de lado la venta de activos públicos para salir de la crisis.
En séptimo lugar, dijo que todos debemos estar preparados para una severa crisis, que lleva al octavo punto: atenderla en base a los datos científicos, los cuales deben ser la base de la toma de decisiones al interior del gobierno, con ello evitar ocurrencias en las obras, acciones y programas.
Los últimos dos puntos del decálogo estriban en reordenar la función pública y en adoptar nuevas formas de asociación pública-privada para impulsar el desarrollo entre clase empresarial y gobiernos.
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