Redacción – Morelia, Michoacán
La Asociación Civil michoacana Humanas sin Violencia, hizo un atento llamado a Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, a Nadine Gasman Zylbermann del Instituto Nacional de las Mujeres y a Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (Seimujer), para que se revisen y clarifiquen los tipos penales en materia de feminicidio a nivel nacional.
La asociación recuerda que el pasado 25 de noviembre el Congreso local presentó la reforma al Código Penal de Michoacán en materia de feminicidio, sin embargo, aseguran que hay serias deficiencias en ella, pues se trata de garantizar a las mujeres víctimas de feminicidio que no haya impunidad social ni por parte del Estado, además de que el sistema penal garantice los derechos humanos de mujeres y niñas, y sancionar con claridad las expresiones misóginas que justifiquen la violencia y la privación de la vida de ellas.
Desafortunadamente, señalan que la reforma “establece como causales aspectos procesales en el delito de feminicidio evidenciando la falta de técnica legislativa y de la exhaustiva revisión de los tratados internacionales y jurisprudencias que en materia de armonización jurídica con base en los derechos humanos de las mujeres requiere”, además de que “en el artículo 133, respecto de homicidio y lesiones atenuadas, se sigue retomando el concepto de ‘estado de emoción violenta’, que si bien acota en caso de feminicidio y lesiones, sabemos que cualquier atenuante es una ventaja que los agresores suelen utilizar, y es que juzgar con perspectiva de género y derechos humanos permite justamente conocer y analizar que las razones de género establecen criterios para el acceso a la justicia y que no sólo se trata de mujeres, sino también el considerar a las víctimas secundarias como las niñas, niños y adolescentes”.
En el comunicado aclaran que no solicitan que se transcriba del Código Penal Federal la tipificación del delito de feminicidio, sino un trabajo serio, profesional y ejemplar, con el que se demuestre el compromiso del Congreso con la agenda de los derechos humanos de las mujeres, para que se revisen los tipos penales en materia de feminicidio en México para que se establezcan con claridad, objetividad y conocimiento, y de esta manera, se garantice el trabajo de quienes imparten justicia, pues una de las máximas demandas feministas y sociales es la complejidad e incluso imposibilidad que enfrentan estos actores y principalmente las víctimas secundarias en su búsqueda de justicia.
Aseguran respetar la posición del Congreso del estado sobre defender su autonomía, sin embargo, señalan que eso no les impide que tanto diputadas como diputados estén obligados a establecer parámetros que mejoren la protección jurídica de las mujeres, así como su dignidad, integridad y vida, que están basados en tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues Michoacán forma parte del pacto federal y conforme a la disposición de los tratados “son aplicables sin excepción alguna”.
“Consideramos que en un verdadero ejercicio democrático e incluyente del que deberían dar muestra, sería establecer reuniones de trabajo tanto con la Fiscalía General de Michoacán como con el Poder Judicial, así como a quienes hacemos este llamado, ya que esa relación es la que permite establecer aquellos obstáculos y aspectos que posiblemente estén impidiendo garantizar a las víctimas el debido proceso y el acceso a la justicia”.
Por tanto, hacen “un llamado urgente” para solicitar ayuda a las instituciones cuya función es que la política pública de género en materia de igualdad sirva para orientar, asesorar y guiar con la finalidad de lograr un avance “sustantivo, asequible, garantista del avance de los derechos humanos, para que la armonización jurídica de Michoacán cumpla cabalmente para que las mujeres y las niñas puedan acceder al ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia sin menos cabo alguno”.
