Así cambió el pueblo peruano su historia esta semana

0
40

Antonio Rojas Ávila – Lima, Perú

El Congreso del Perú decidió vacar al presidente de la República bajo una dudosa interpretación del texto constitucional, mientras el grueso de la ciudadanía se oponía a la medida, con lo que al desatarse las multitudinarias protestas en las calles de Lima la represión brutal por parte del Estado cobró la vida de dos universitarios, pero los ciudadanos lograron su cometido.

Y es que la crisis política que vive el país sudamericano, ante la pérdida total de legitimidad de la clase política, es de proporciones revolucionarias, con lo que en sólo una semana tuvo a tres presidentes al frente del gobierno de la nación.

FOTO: AP

La historia reciente

En medio de la amenaza de que la hija del exdictador Alberto Fujimori, primer expresidente en la historia mundial que paga su condena por delitos de lesa humanidad en la cárcel, se hiciera con el poder, los peruanos votaron por Pedro Pablo Kuczynski, un economista de 82 años de edad.

Sin embargo, el fujimorismo logró mayoría absoluta en el Poder Legislativo (56%), por lo que comenzó a bloquear al gobierno del presidente constitucional por todos los medios, y al apenas tener la oportunidad quisieron hacer uso de un controversial artículo constitucional para removerlo de la Presidencia. No obstante, el hijo del tirano de los 90 hizo un acuerdo con Kuczynski y saboteó su proceso de vacancia a cambio de que indultara a su padre.

Ya una vez indultado su líder, los fujimoristas procedieron a volver a iniciar el proceso de destitución, con lo que el presidente se vio forzado a renunciar a su cargo, y dio paso a su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien después de unos meses de azaroso gobierno decidió dedicar su mandato a limpiar la corrupción del país de arriba hacia abajo. Como primera medida, anuló el indulto presidencial y regresó a Alberto Fujimori a prisión.

FOTO: El Comercio

Poco tiempo después, todos los expresidentes vivos del Perú tenían investigaciones de corrupción abiertas y habían pisado la cárcel, con la excepción de Alan García, quien se suicidó de un balazo en la cabeza cuando la policía llegaba por él, y de Kuczynski, que es mantenido en arresto domiciliario ya que su edad avanzada y una seria condición cardiaca le impiden cumplir los 36 meses de prisión preventiva que le dictó la justicia, mientras lo investiga.

Transformado en un zar anticorrupción, Vizcarra se convirtió en el héroe de la ciudadanía peruana, logrando un respaldo popular sin precedentes en la historia contemporánea de ese país. Sin embargo, el fujimorismo tenía otros planes para él.

FOTO: El Comercio

La vacancia ‘moral’

En la vigente Constitución de 1993, emanada del régimen fujimorista, se prevé los casos en los que el presidente de la República puede ser vacado de su cargo. El artículo 113 plantea los escenarios más lógicos: la muerte del jefe del Ejecutivo, su salida del país sin retorno (como lo hizo el propio Fujimori en 2000 para huir de sus crímenes), su renuncia y su destitución. En cuanto a ésta última, sólo puede proceder en caso de que el Poder Judicial lo condene por traición a la patria, por impedir las elecciones o el trabajo de los organismos electorales, y por disolver el Congreso sin causa justificada o impedir que éste funcione.

No obstante, si bien queda claro cuáles son las únicas causas por las que se puede imponer su vacancia, el inciso restante señala que su cargo queda libre por “su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Evidentemente, el espíritu constitucional se refiere a que una enfermedad, un accidente u otro suceso de esta índole deje al presidente sin la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Pero bajo esta imprecisión del término “capacidad moral”, los diputados encontraron el pretexto para retirar a cualquier presidente bajo sus propios criterios.

FOTO: El Comercio

La caída de Vizcarra

Bajo la misma Constitución, el Poder Legislativo dominado por los fujimoristas cometió un grave error estratégico: censuró (obligó a dimitir) a dos consejos de ministros de Estado en su lucha por bloquear las acciones presidenciales, con lo cual dio derecho a Vizcarra para disolver institucionalmente al Congreso (bajo el artículo 134 de la Constitución) y convocar en 2019 a elecciones para uno nuevo.

Sin embargo, el nuevo parlamento dejó totalmente desprotegido el jefe del Ejecutivo, que no contaba con una bancada de su partido, y a pesar de que todos los movimientos políticos integrantes se encontraban en minoría, la clase política negoció un acuerdo y procedieron a vacar al presidente por “incapacidad moral permanente”, bajo el pretexto de que existe una investigación abierta en su contra por casos de corrupción, pero en la que ni siquiera existen las pruebas mínimas para vincularlo a proceso judicial.

La reacción popular

El 10 de noviembre los congresistas peruanos concretaron la expulsión del presidente Martín Vizcarra, faltando sólo 5 meses para las elecciones presidenciales oficiales, y a pesar de que el 78% de los ciudadanos (Ipsos) se manifestaban en contra de la medida en esos momentos, mientras que después de ser impuesta la vacancia el 91% de los peruanos (IEP) condenó el abuso parlamentario.

Desde ese instante las movilizaciones populares se hicieron escuchar en el centro de la capital del Perú, y durante cada uno de los siguientes días las marchas multitudinarias se sucedieron en todo el país, en medio de una pandemia en la que la nación andina es una de las más afectadas del mundo.

FOTO: El Comercio

Pero fue el pasado sábado 14 que, bajo una organización sin precedentes, los jóvenes peruanos a través de Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok y otras redes sociales convocaron en Lima a una protesta masiva, a la cual acudieron nada menos que 3 millones de ciudadanos (IEP), en su mayor parte mujeres y estudiantes universitarios, exigiendo la renuncia de Manuel Merino, presidente del Congreso al que le fue transferida la Presidencia de la República. Simultáneamente, otros tantos peruanos marchaban en las principales ciudades del país.

La respuesta del Estado peruano fue una cruenta represión policial, en la que con bombas lacrimógenas, rifles de perdigones, cañones de agua a alta presión y macanas los uniformados lesionaron a al menos decenas de ciudadanos que llegaron a distintos hospitales, aunque se cree que la cifra real debe ser de cientos, entre ellos el corresponsal mexicano de Televisa, que quedó gravemente herido por los efectivos policiacos.

Pero el asunto no quedó ahí: en esa fatídica noche y al día siguiente los medios difundieron que Jack Brian Pintado Sánchez, de 22 años de edad, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24, habían perdido la vida en distintos nosocomios al no haberse podido recuperar de las heridas infligidas por los policías.

Escándalo internacional

Ante los asesinatos policiales, el efímero presidente Manuel Merino fue sorprendido tratando de huir del país, según trascendidos que nunca fueron oficialmente confirmados, pero lo cierto es que en medio de dimes y diretes políticos ese mismo domingo presentó su renuncia, con lo que volvió a recaer en el Congreso la selección de quien debía ocupar el Ejecutivo a sólo 5 meses de las elecciones generales.

Así, el martes pasado asumió la presidencia Francisco Sagasti, un académico de 76 años muy lejano a la política tradicional, y quien al rendir protesta, por Dios y por la patria, su primer acto fue pedir un minuto de silencio por los dos jóvenes ejecutados por la Policía Nacional del Perú.

FOTO: El Comercio

Revolución institucional

En esta misma semana, el Tribunal Constitucional, organismo autónomo obligado a dirimir los conflictos entre los poderes del Estado, se declaró incompetente (por 4 votos contra 3) de juzgar si la vacancia presidencial se hizo conforme a derecho, con lo que optó por ser omiso ante la oportunidad histórica de zanjar el asunto de la incapacidad moral y sancionar esta herramienta constitucional de desestabilización de la gobernabilidad peruana de una vez por todas.

Por otra parte, el hartazgo social ante la corrupción y autocracia de la clase política se tradujo en que sólo 12 de los 130 congresistas de la cámara única del Poder Legislativo que resultaron elegidos emergentemente tenían experiencia previa como parlamentarios, pero a pesar de ello confabularon para vacar al presidente, desobedeciendo el mandato del pueblo que apenas los acababa de elegir, con lo que en este momento los llamados populares son a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para cambiar las reglas constitucionales del país y, principalmente, para expulsar a la clase política del poder, en una abierta exigencia de un cambio total de régimen.

FOTO: El Comercio

Mientras tanto, en medio del incendio social, los familiares de los jóvenes asesinados por el Estado se reunieron ayer, sábado, con el presidente Sagasti, y esta mañana con el ministro del Interior, en un intento de la flamante administración nacional para calmar los ánimos, pero los deudos de los fallecidos piden garantía por sus vidas, ya que denuncian que personas extrañas los han venido rondando estos últimos días.

Mientras tanto, el fugaz gobierno actual tendrá el reto de organizar las elecciones generales antes del próximo 11 de abril, fecha para la que el pueblo peruano exige mucho más que sólo elegir entre unos cuantos candidatos, y el Estado tendrá que ser capaz de generar los mecanismos para hacer realidad la voluntad popular, o de lo contrario arriesgarse a un inminente colapso institucional del país sudamericano.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.