Redacción – Morelia, Michoacán
Ante la imposibilidad de cerrar el año con los discursos disponibles en las arcas estatales, después de los múltiples recortes federales, el gobernador Silvano Aureoles planteó una iniciativa de reforma al artículo 26 de la Ley de Ingresos 2020 con el fin de poder ejercer el crédito por más de 4 mil 90 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizo el 31 de diciembre de 2019.
Y es que terminando el año pasado, al tramitarse la aprobación en el Legislativo de los instrumentos legales que fundamentan las finanzas de Michoacán el empréstito fue autorizado en paquete junto con la Ley de Ingresos del Estado 2020 (LIE 2020), con mayoría simple en votación del Pleno, mientras que la ley exige que cualquier endeudamiento del estado sea aprobado por una mayoría calificada de dos tercios de los diputados locales, es decir 27 de los 40 que lo conforman.
Esto suscitó la inconformidad de los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT), que en febrero pasado presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la autorización de la deuda, pero nueve meses después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha tomado una resolución, faltando poco más de un mes para que se acabe el año y carezca de sentido cualquier decisión que el máximo órgano judicial pueda tomar al respecto.
Por este motivo el gobernador de Michoacán propuse una simple solución: que el tema particular del préstamo de 4 mil 90 millones de pesos se someta a votación del Pleno, con el fin de conseguir la mayoría calificada que certifique que es voluntad del Poder Legislativo aprobarlo y permitir que el estado pueda cerrar el año cumpliendo con todos sus compromisos financieros, cuando la falta de liquidez ya está afectando incluso el pago de salarios a trabajadores de algunas dependencias.
Es preciso acotar que en abril el Gobierno del Estado concretó la firma de un contrato de deuda con dos instituciones bancarias por 2 mil 45 millones de pesos, y mientras Banorte depositó su parte del préstamos a la Hacienda estatal, Banbajío omitió el cumplimiento del convenio, presumiblemente en espera de la resolución de la SCJN.
