Morelia, Michoacán
Más de 65 millones de pesos se adeuda a los proveedores del programa A Toda Máquina, por lo que estas empresas procederán a demandar para que se les restituyan los tractores que hoy están en manos de 444 campesinos, con lo que éstos últimos perderían su patrimonio.
Así lo expuso Ricardo Rubí Bustamante, representante del programa estatal que buscaba dotar de estos vehículos de trabajo a agricultores de bajos recursos del campo michoacano, quien aseguró que en más de 25 ocasiones se ha reunido con la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado, pero que no ha habido solución y el incumplimiento tiene ya 4 años.
Recortes federales tumban el programa
Y es que en 2016 arrancó A Toda Máquina, y en 2018 tuvo que suspenderse por falta de presupuesto, tras las primeros disminuciones al presupuesto de Michoacán por parte del recién entrante Gobierno Federal de la Cuarta Transformación, mientras que los primeros 444 tractores que sí se entregaron no han sido pagados por completo.
“El 80 por ciento del pago corresponde a 2016, y el resto a 2017, ya que en 2018 se suspendió el programa. El pretexto pudiera ser la pandemia, ¿pero y los otros tres años que no hubo pandemia?”, cuestionó Rubí Bustamante.
Campesinos pagaron, gobierno no
Aseguró que el único pago que recibieron los proveedores de los tractores fue el enganche que por cada uno pagaron los campesinos beneficiarios, sin embargo lo que le corresponde al Gobierno del Estado, recalcó, “no existe”.
José Refugio Huipe de la empresa Ferguson, puntualizó que la última fecha en la que se prometió pagar los adeudos fue en junio de 2019, pero se incumplió. No obstante, dijo confiar en que a pesar de las circunstancias económicas que imperan en la actualidad ahora sí se les pague.
“Es justo que el Gobierno del Estado cumpla, ya que no cumplió con la cantidad de tractores que prometió”, señaló.
Crescenciano Mata, productor del municipio de Tingambato, solicitó al Poder Ejecutivo estatal que sea consciente de que los campesinos podrían perder su patrimonio familiar si las empresas ejercen procedimientos legales en su contra.
Se investigará qué pasó con los fondos: Fermín Bahena
Por su parte, el diputado local Fermín Bernabé Bahena advirtió que cuando un recurso público ya se destinó para un programa, pero al final, no se ejerce, entonces hay indicios de un posible desvío de recursos, lo que implica responsabilidades jurídicas.
Por este motivo se comprometió a revisar si el programa tiene observaciones en las auditorías Superior de Michoacán y Superior de la Federación para asegurarse de que esta omisión está debidamente sustentada, y de no ser así, amagó, se asegurará de que los responsables tengan sanciones penales.
