Buscan prohibir acceso a la función pública a todos los agresores de mujeres

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Juan Antonio Magallán – Morelia, Michoacán

Con la aprobación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia de género en el Instituto Nacional Electoral (INE) se cierra la puerta a candidaturas de agresores, acosadores y deudores de alimentos, pero el tema se deberá extender también a los cargos de designación y concurso de todas las instituciones que reciban dinero público.

Así lo consideró Yndira Sandoval Sánchez, activista feminista e integrante de Las Constituyentes CDMX, asociación impulsora de la iniciativa.

Ayer, miércoles, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad ponerle candados a los agresores de mujeres que pretendan acceder a un cargo en el proceso electoral, ante lo cual la activista llamó a los partidos políticos a ser “filtros y no coladeras”, es decir, que investiguen y evalúen bien los expedientes de sus candidatos.

Exigen castigo sin sentencia firme

Para la feminista, el bemol de la medida aprobada por el INE radica en que se negará el registro a aspirantes a candidaturas que tengan sentencias judiciales por acoso, agresión y omisión a la asistencia familiar, pero no se aplicará a los aspirantes políticos denunciados cuyo proceso se encuentre en curso, opción que la máxima autoridad electoral descartó para respetar el derecho humano al debido proceso consagrado en la Constitución Mexicana:

“La propuesta inicial (presentada por su organización) contemplaba que se aplicaría a quienes contaran con antecedentes de denuncia, pero sólo se aprobó que fuera para quienes tuvieran una sentencia firme. Después vendrá un proceso para fortalecer la denuncia, pues por desgracia los candidatos temen más al escarnio público que a la denuncia formal, porque las instituciones los protegen”.

Partidos: coladeras y tapaderas

Por ello, invitó a las dirigencias partidistas a dejar de “ser tapaderas” de las agresiones en contra de las mujeres y que se constituyan en filtros de sus aspirantes a cargos de elección popular.

Sandoval Sánchez lamentó que los delitos en la esfera política solamente suelan asociarse con corrupción o conflicto de interés, pero se tiene bien normalizado que haya acosadores, agresores y deudores de pensiones.

Ni un sólo agresor más como funcionario

La impulsora de la iniciativa dejó en claro que el siguiente paso estriba en que los congresos locales legislen a partir de la 3 de 3 contra la violencia de género, para que las medidas apliquen no solamente para puestos de elección, sino de designación y concurso en todas las áreas de la administración publica, de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del Estado:

“Hay espacios que se designan con independencia de un proceso electoral, como en los órganos autónomos: la Fiscalía, la CEDH, los puestos de confianza en gobiernos estatales y municipales. Buscaremos que se tenga un impacto directo en las leyes de administración pública estatales y municipales”.

La activista citó casos de jueces, gobernadores, alcaldes y diputados que han sido agresores y quedaron en la impunidad, como por ejemplo el de un director de Recursos Humanos de Puerto Vallarta, que fue encontrado en un auto con una menor de edad desnuda, pero al ser llevado ante la justicia el juez determinó que al ser una menor “no era un asunto de placer” y bajo ese absurdo argumento no vinculó a proceso al infractor.

Víctimas, todas las mexicanas

Aseguró que en México 3 de cada 4 niños y niñas con padres separados no reciben una pensión de alimentos, y que 7 de cada 10 mujeres experimentan violencia, y las otras 3 no la denuncian “porque no la identifican”, pero que también, garantizó, la sufren, con lo que determinó que todas y cada una de las mexicanas son víctima de violencia de género.

A nivel nacional, entre enero y septiembre se han iniciado 166 mil 812 investigaciones por violencia familiar, es decir 612 diarias durante 2020.

“Pensemos en cuántas de esas familias tendrán que ver con alguien que aspira a ser regidor, síndico, diputado o gobernador”, advirtió.

“En el país se disputarán 21 mil cargos, de los cuales mil 139 son para Michoacán, y por lo menos 500 son para hombres; eso hay que multiplicarlo por la cantidad de partidos y de aspirantes, y ésas son las cartas que queremos ver firmadas de que no han acosado, no han violentado y/o son deudores de pensión”, demandó.

Seimujer abordará el tema en foro público

Por su parte, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Hernández Abarca, anunció la celebración de un foro para discutir esta nueva iniciativa, el cual se celebrará el viernes 30 de octubre de 9:00 a 11:00 horas, en la búsqueda de hacer un frente común para impulsar la propuesta.

En el foro se contará con la presencia de integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Michoacán (OPPMM), así como de Patricia Olamendi, de la Red Nosotras Tenemos otros Datos y de Elvia Higuera, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

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