Melissa García – Morelia, Michoacán
Es legal que instituciones educativas tengan acuerdos con particulares para aprovechar las instalaciones más allá del ámbito educativo, aseguró Francisco Luis Sánchez Alfonso, subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Michoacán.
Luego de darse a conocer que el exrector de la Universidad Politécnica de Uruapan, Victor Manuel Bravo Lara, otorgó por 20 años, el uso de 12 hectáreas de la institución, para la plantación, producción y aprovechamiento de aguacate por la cantidad de 650 mil pesos, Sánchez Alfonso dijo en entrevista que el exrector tenía esa facultad por ser, la universidad, un organismo autónomo descentralizado.
Además de que el desarrollo de una plantación de aguacate en los terrenos de la universidad, serviría para que los estudiantes de la carrera de agroindustria hicieran sus prácticas.
“Fue un contrato en comodato para que se desarrolle la plantación de aguacate en los terrenos que no van a ser utilizados por edificios en el desarrollo posterior de la institución para la carrera de agroindustrias, en beneficio de los estudiantes de la carrera. Eso es una firma de comodato que, finalmente la persona que iba a trabajar en ello se desistió por no haber las condiciones para hacerlo y no continua el proceso, por lo tanto no hay corrupción, ahí no hay ningún proceso”.
Hay instituciones dijo, que “nacieron” dentro de huertas de aguacate y tienen contratos firmados con productores que avala la junta directiva, lo que trae beneficios a la institución, sin embargo, no enlistó ninguna universidad con esas características.
De manera justificada, el funcionario estatal desmintió lo dicho por el Comité de Participación Ciudadana, quien a través de su presidenta, Elvia Higuera, detalló que el contrato firmado por Bravo Lara, asentó el pago de una renta total de 650 mil pesos durante los 20 años, mismos que debían cubrirse en 4 partes, la primera el 15 de diciembre del 2018, la segunda el 15 mayo del 2019, la tercera el 15 de mayo de este año y la última programada para el 15 de mayo del 2022.
Sin embargo, Sánchez Alfonso dijo que no hubo ningún pago y al desistirse el empresario, se rompe el convenio sin afectación a ninguna de las partes, pues la plantación de aguacate era simplemente de “plantas pequeñas donde la carrera iba a trabajar sus temas investigativos y de desarrollo”.
A pesar de que el funcionario estatal avaló el convenio, dijo que el exrector es quien tuvo la responsabilidad, ya que la Universidad es un organismo público descentralizado, “eso quiere decir que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, el rector en su creación tiene facultades, entonces es quien responde en ese sentido”.
