Morelia, Michoacán
Los usos y costumbres de las comunidades indígenas no siempre respetan los derechos de las mujeres, e incluso impiden proteger a las víctimas de violencia de género de sus agresores.
Así lo evidenció Evelyn Hernández Pasaye, asesora jurídica del Ayuntamiento de Paracho, que informó que existen actualmente alrededor de 100 casos de mujeres que no han denunciado la violencia que sufren a causa del confinamiento por la pandemia.
“La desconfianza en la aplicación de la ley dentro de este tipo de organización social es el principal obstáculo para que el sector femenino acceda a la justicia, pues se vuelve un impedimento para hacer efectivas las medidas cautelares que se dictan en contra del agresor”, precisó.
Los hombres reinan
En el municipio de Paracho, reveló la jurista, se tiene que pedir permiso al jefe de tenencia para que la policía municipal haga efectiva cada orden de protección que dictan los jueces para evitar que un hombre siga maltratando a una mujer.
Y si las autoridades ministeriales quieren hacer efectiva la orden de la justicia, sencillamente los comuneros no los dejan entrar a la comunidad.
Finalmente, como los jefes de tenencia suelen tener criterios guiados por el machismo y el sometimiento de las mujeres a sus esposos, lo más frecuente es que las víctimas queden bajo el yugo de su agresor.
Michoacanas indígenas: una vida de terror
La violencia psicológica y económica contra las mujeres es común en las localidades indígenas, sin embargo no es exclusiva de los maridos, ya que las suegras se encargan de vigilar y controlar a sus nueras, así como de persuadirlas para que no denuncien, ni abandonen a sus parejas cuando son violentadas.
En otras ocasiones, es su propia familia la que retiene físicamente a la mujer, revictimizándola y orillándola a quedarse al lado de su agresor a pesar de lo que viva.
“Hay algunas mujeres que tienen apertura y acuden a denunciar, pero no hay acompañamiento familiar”, lamenta Evelyn Hernández.
