Melissa García – Morelia, Michoacán
Una juez de control ordenó reabrir el caso de Odebrecht en Michoacán, con lo que se investigará a fondo la probable corrupción en la obra de la Presa Francisco J. Múgica, pero además otorgó al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) la calidad de víctima directa, lo que implica que de ahora en adelante este órgano podrá representar a los michoacanos frente a los daños causados a la sociedad por los corruptos.
El argumento del CPC, aceptado por la juzgadora en su plenitud, fue que la comisión del delito de enriquecimiento ilícito no termina en el momento en que se adquiere la obra o se hace el menoscabo al patrimonio estatal, sino que éste se continua perpetrando al utilizar los fondos producto del desfalco.
Además, la juez de control y ejecución del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia Amalia Herrera Arroyo admitió históricamente el argumento respecto de que al CPC debe dársele el carácter de víctima directa en el caso, ya que constituyen el órgano en el que los ciudadanos han depositado su confianza para representarlos frente a la corrupción.
Así lo explicó Elvia Higuera Pérez, presidenta del CPC, quien precisó que con esta determinación se abre el camino no sólo para que los responsables de los desfalcos en la construcción de la Presa Francisco J. Múgica enfrenten a la justicia, sino que en el futuro las investigaciones del organismo que preside ya no podrán ser negadas por el Poder Judicial con el argumento de que el CPC no pueda ser titular de estas denuncias de corrupción.
“El día de hoy la sociedad michoacana tuvo un triunfo frente a la omisión de las autoridades en materia de corrupción”, destacó.
Este precedente legal es trascendental no sólo para la historia de Michoacán, sino de México, ya que la figura jurídica de los representantes ciudadanos de los sistemas anticorrupción desde este momento pueden exigir que se respete la investidura que les da la ley y se les permita denunciar directamente a los corruptos.
Pero además en la audiencia de hoy la juzgadora recriminó directamente a los representantes del Ministerio Público el haber dado carpetazo a este caso de probable corrupción, en vez de hacer su trabajo:
“La obligación de investigar y esclarecer los hechos es de usted, Ministerio Público, con independencia de la apatía y el desinterés de las partes; no debe esperar a que coadyuven, sino hacer los actos de investigación que le corresponden”.
Y es que los investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el criterio de la juez, cayeron en reiteradas omisiones desde que el CPC presentó la denuncia del caso, en noviembre de 2019.
Cabe recordar que la empresa brasileña Odebrecht fue la encargada de edificar la presa Francisco J. Múgica, ubicada en Tierra Caliente, durante la gestión del experredista, ahora morenista, Leonel Godoy Rangel, y a pesar de que ya el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel había previsto un gasto total para esta obra, durante su construcción se duplicaron los recursos utilizados.
Esta corporación ha tratado con prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos, y en los últimos años ha sido vinculada en históricos escándalos en diversas naciones por sobornar a altos funcionarios, con lo que incluso ex presidentes, incluyendo a uno de su país, ya se encuentran pagando condenas en prisión.
