Morelia, Michoacán

Para buscar una solución al problema que representa la incorrecta disposición de residuos de la construcción y demolición, los cuales terminan en barrancas, áreas naturales o a cielo abierto, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), y la Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm), escucharon una propuesta de la Asociación Mexicana de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (AMRCD).

Los residuos de la construcción y demolición son considerados un material de manejo especial, por lo que las empresas que disponen de él, así como los sitios donde se deposita deben contar con permisos de la Semaccdet; de no tenerlos se pueden hacer acreedores a multas por parte de la ProAm, que se encarga de vigilar que se cumpla la normativa estatal, recordó Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente.

La propuesta presentada en reunión a la que se invitó a diversos desarrolladores de vivienda, dependencias estatales, la Asociación de Recolectores del Estado de Michoacán, así como a la Cámara Mexicana de la Construcción en la delegación Michoacán y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, implica la recolección, tratamiento y reciclaje de dichos materiales generados por las empresas dedicadas a la construcción, a través de la instalación de plantas especializadas por parte de empresas que se interesen en el proyecto, las cuales venderán a costos accesibles el material para ser reutilizado en otras obras.

Se estima que hasta el 90% del material puede ser reciclado y reutilizado y se pueden tener ahorros en recursos económicos, pero también los beneficios que trae el proyecto al medio ambiente son altos, “por cada metro cubico de material depositado en la planta, se ahorran 7 kilogramos de CO2 liberados a la atmósfera”, explicó Gerardo Gutiérrez Smith, presidente de la Asociación Mexicana de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición.

El directivo pormenorizó que en las zonas urbanas es donde más residuos se generan, a diferencia de las áreas rurales, “no hay datos oficiales, el estado de Michoacán genera 1.2 millones de toneladas de residuos al año, de estos, Morelia genera alrededor del 25 por ciento del volumen. La cultura en el país es como constructores, se le paga al transportista, te desentiendes de a dónde lo va a tirar y los depositan donde mejor se convenga”.

Ricardo Luna García recordó que Michoacán ya es referente a nivel nacional en el tratamiento de residuos sólidos urbanos al construir un proyecto en La Ciénega, ahora se busca coordinación con los sectores involucrados y la iniciativa privada para ordenar el tema de los residuos de la construcción y demolición, por ello, la Semaccdet presentó a los asistentes una propuesta de norma estatal en la materia que sería también una innovación en el país, ya que pocos estados cuentan con un reglamento en la materia.

“Se necesita la inversión de la iniciativa privada, el gobierno no pone ni un peso y sí se obtienen beneficios para el medio ambiente, porque todos los solventes y partículas contaminantes de los residuos ya no se verterán directamente al subsuelo y no llegarán a los mantos friáticos evitando así contaminación del agua, aire y suelo”, precisó.

Jesús Antonio Mazier Contreras, presidente de la CMIC en Michoacán, se mostró de acuerdo con el proyecto que habrá de trabajarse para armonizar con la ley en materia ambiental del estado, “es momento de preocuparse más por el medio ambiente”, indicó durante su participación en la reunión.

Por su parte el procurador de Protección al Ambiente, Juan Carlos Vega Solórzano, señaló que según datos del INEGI, durante 2013 se generaron 53 mil 547 toneladas de escombro, derivadas de la construcción habitacional, comercial e industrial, de ahí la importancia del tema. “Queremos que se dejen de acumular residuos de manejo especial derivados de la construcción, buscamos reducir esos residuos y su impacto en el ambiente, queremos darles un nuevo uso”, indicó.

Resaltó que con ello se busca dar una solución que trascienda más allá de una sanción y caminar hacia una regulación que permita la disposición y tratamiento adecuado de los residuos de manejo especial.

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