Melissa García – Morelia, Michoacán
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) inició 76 carpetas de investigación durante el periodo que va del 1 de abril del 2019 al 31 de mayo de 2020, que se suman a los 38 expedientes pendientes del periodo 2018-2019, principalmente por denuncias a la negación del servicio público, peculado y abuso de autoridad, así como por uso ilícito de atribuciones y actividades, expuso el fiscal anticorrupción de Michoacán, Alejandro Carrillo Ochoa; sin embargo, de los 51 expedientes trabajados, sólo se han judicializado 9.
Al presentar su informe de labores ante el Órgano de Gobierno del SEA, el funcionario destacó que en este periodo se ha trabajado un total de 114 expedientes, los cuales se han determinado de la siguiente manera:
- 9 carpetas de investigación judicializadas
- 5 archivos temporales
- 20 en el ejercicio de la acción penal
- 6 abstenciones de investigación
- 3 acumuladas
- 2 incompetencias por fuero
- 6 incompetencias por especialidad
- 61 carpetas de investigación en trámite
Asimismo se ha atendido a 923 usuarios, distribuidos de la siguiente forma:
- 402 por la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Particulares
- 521 por la Policía de Investigación, entre ofendidos, víctimas, testigos y apoderados jurídicos.
De los expedientes judicializados, resaltó, hay siete procedimientos abreviados y dos suspensiones condicionales a proceso, todos los cuales, aclaró, constituyen prácticamente sentencias condenatorias, pero logrando que entre la víctima y el ofendido se genere, por acuerdo, la respectiva reparación del daño.
En el ejercicio de trabajo que realiza el Ministerio Público (MP), se resgitró 64 nuevas órdenes de investigación giradas a la Dirección de Policía de Investigación, debido a las cuales los policías han realizado más de 926 acciones, entre solicitudes de dictámenes periciales, localización de testigos e imputados y la entrega de procedimientos para recabar información para las órdenes de investigación, llegando a cumplir con 59 órdenes de investigación de las 64 giradas por el MP.
Estas acciones, aseguró Alejandro Carrillo, tendrán un mayor impacto social una vez que pase esta alerta sanitaria, la cual ha traído como consecuencia que se prolonguen los tiempos para la judicialización de diversos expedientes, debido a que apenas comenzó la crisis sanitaria el Poder Judicial decidió que la gran mayoría de los jueces simplemente dejaran de trabajar por completo por más de cuatro meses.
