Ciudad de México – Excélsior
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE crear un registro de personas sancionadas por violencia política de género, hacerlo público y construir lineamientos para establecer que, para acceder a candidaturas federales, los candidatos no deben estar en la lista de infractores.
Lo anterior luego de que modificó la decisión de la Sala regional Xalapa, que había ordenado al Instituto Electoral de Oaxaca realizar un registro local de personas infractoras en materia de violencia política contra las mujeres, para ampliar el mandato al Instituto Nacional Electoral.
La sentencia considera que es “válido y constitucional” que se haya ordenado ese listado para que la autoridad electoral lo consulte y decida lo conducente en futuros procesos electorales en las que el infractor pretenda contender.
La idea es que sea requisito para acceder a una candidatura federal el no estar en la lista de “violentadores de mujeres”, explicó la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.
Consideró que la creación de la lista funcionaría como una medida de reparación del daño y como “una sanción pública de desprestigio social para exhibir a los violentadores de mujeres en el ámbito político” y considerar que “no tiene un modo honesto de vivir”, (lo que impediría el otorgarle un registro como candidato).
El INE, entonces, tendría que crear el registro, hacerlo público y determinar los lineamientos para aplicar la sentencia.
Los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra. El último explicó que consideraba que tal determinación sería una sanción no prevista por la ley.
Fue Dante Montaño Montero, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, quien impugnó la decisión de la sala regional Xalapa del TEPJF de incluirlo en un registro local, luego que cometió violencia política contra la regidora de Equidad, Género y Grupos Vulnerables del municipio.
Ahora, el funcionario municipal no sólo aparecerá en la lista local, sino en la nacional, por obstaculizar el trabajo de la regidora al no otorgarle lo necesario para ejercer sus funciones y “hacerla invisible”.
