Redacción – Lázaro Cárdenas, Michoacán
La trasnacional ArcelorMittal México, establecida en esta ciudad porteña, protestó enérgicamente contra la acción policial que implementó el Gobierno Municipal al ingresar a las instalaciones de la empresa acerera haciendo uso de la fuerza sin que mediara un acta u orden para clausurar espacios.
En un comunicado, el consorcio informó que la mañana de este jueves, funcionarios públicos del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, acompañados por patrullas tripuladas por agentes y haciendo uso de la fuerza, entraron a las instalaciones del complejo siderúrgico sin una orden para realizar alguna clausura.
Con relación al argumento del Ayuntamiento, de que la compañía no ha cumplido con las actualizaciones del impuesto predial durante los últimos 6 años, y que por ello le exigen un pago retroactivo por la cantidad de 130 millones de pesos, además del incremento mensual del mismo impuesto, el consorcio expresó que ArcelorMittal México, ha cumplido, año con año, con el pago puntual del impuesto predial correspondiente de forma bimestral, como la ley lo indica y que incluso ha pagado por adelantado a solicitud de la autoridad municipal.
De la misma forma, indicó, se ha solicitado al municipio los permisos necesarios y ha cumplido con las condiciones, procesos y obligaciones requeridas cada vez que se ha llevado a cabo alguna instalación y/o construcción dentro del perímetro de la compañía. Agregó que la empresa ha apoyado de forma sustancial en todos los eventos donde Protección Civil ha solicitado apoyo con equipo técnico y de emergencia.
Precisó que desde el día 11 de julio del presente año, la jueza 5ta. de Distrito en del Estado de Michoacán, otorgó a ArcelorMittal México un amparo en contra de cualquier acto de clausura por parte del Ayuntamiento.
Dejó claro que al haberse realizado esta clausura, a pesar de contar con una suspensión provisional en el amparo, las autoridades municipales que hayan ordenado y realizado estos actos caen en un desacato al haber violado las instrucciones del Juzgado de Distrito y están afectando las garantías de seguridad jurídica, y también el interés general de la sociedad sobre el estado de derecho, por lo que dicho acto de desobediencia trae serias consecuencias para los funcionarios públicos, “dadas las acciones intimidantes que estas autoridades han venido realizando en contra de ArcelorMittal.”
La empresa acerera reiteró que ArcelorMittal tiene una política de total cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que, calificó este acto como un abuso y desacato a la ley federal. Agregó que ArcelorMittal reitera que seguirá cumpliendo los compromisos que se encuentren dentro del marco de la ley y seguirá trabajando para mantenerse como una fuente laboral y de bienestar para las más de 8,000 familias de Lázaro Cárdenas que dependen directamente de ella y sus comunidades, así como para los más de 50,000 empleos indirectos que genera a través de su cadena de valor.
