Juan Antonio Magallán – Morelia, Michoacán
El proceso electoral del 2021 será “la prueba de fuego” para garantizar a las mujeres un ejercicio pleno de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad y libres de violencia, avizoró Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer).
Al participar como moderadora del foro virtual “Mecanismos para garantizar la Protección de Derechos Político-Electorales de las Mujeres”, organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán (OPPMM), la funcionaria estatal resaltó que la serie de reformas en materia electoral para garantizar la paridad de género serían aplicables en el proceso electoral venidero y se tienen grandes expectativas, para revisar si son realmente efectivas o se seguirá en la simulación de la paridad de género en reparto de candidaturas y una verdadera sanción para la violencia política contra las mujeres.
“Se han identificado las necesidades de las mujeres en los espacios y políticas públicas para prevenir, atender erradicar y sancionar la violencia política. Aún nos falta mucho, pero este año y el próximo será la prueba de fuego para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos político-electorales”, refirió como antesala al foro en el que participaron autoridades del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de Gobierno.
¿Qué mecanismos tiene su institución para proteger los derechos político-electorales de las mujeres?, fue la pregunta con la que arrancó el conversatorio.
Acelerar procesos sancionadores: IEM
La primera en tomar la palabra fue la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez Cortés, quien señaló que el órgano tiene dos tipos de procedimientos para proteger los derechos político-electorales: los procedimientos ordinarios sancionadores y los procedimientos especiales sancionadores.
Gutiérrez Cortés explicó que los procesos especiales sancionadores se aplican solamente cuando hay un proceso electoral, ante una posible violación de los derechos políticos, mientras que los procesos ordinarios se aplican fuera del marco temporal electoral, por ende, llevan mayor tiempo de investigación (inclusive meses). No obstante, a raíz de una reforma a nivel federal, se ha dado la posibilidad de que la violencia política contra las mujeres se trate como procedimiento especial sancionador.
“El IEM trabaja en un reglamento de quejas para hacer adecuaciones y atender los casos de violencia contra las mujeres bajo ese esquema. Lo cual permitirá que la queja tenga una solución en un periodo de entre 24 y 48 horas, siempre y cuando se presenten pruebas y alegatos de la violencia, en caso contrario, se desechará el caso”, explicó.
TEEM busca reparación del daño
Por su parte, la magistrada del TEEM, Alma Rosa Bahena Villalobos aseguró que la institución al tener conocimiento de casos de violencia política contra las mujeres, busca la reparación del daño en base al protocolo diseñado en 2016 por el ex presidente del Tribunal, Rubén Herrera.
“Ahí se establece que las y los magistrados debemos prevenir la violencia política, dando aviso a las autoridades para dictar medidas de protección de mujeres que son víctimas de violencia. Buscamos que los hechos no queden impunes y se repare el daño”, dijo.
FGE se prepara con Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
En tanto, Rosario Berber Cerda, director general jurídica y de derechos humanos de la FGE resaltó que ante la antesala del proceso electoral, la dependencia prepara todo para lanzar la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la cual tendrá vigencia únicamente durante el proceso electoral.
“Se establecen tipos penales, las sanciones y los mecanismos de coordinación con estados y municipios para atender los delitos electorales, actuando conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales”, abundó.
INE bajaría promocionales de radio y televisión que vulneren derechos político-electorales de mujeres
Por su parte, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, David Alejandro Delgado Arroyo recalcó que los mecanismos para proteger los derechos de las mujeres de la dependencia a su cargo, residen en acotar el uso de radio y televisión y de detectar campañas que vulneren los derechos de las mujeres para bajarlas del aire.
“En el INE administramos los tiempos en radio y televisión y si detectamos vulneración de derechos político-electorales de las mujeres en algún promocional, entonces se actúa para bajar el promocional y buscar la reparación del daño”, refirió.
*CEDH sin competencia “pero coadyuva”
La enlace para temas de género de la CEDH, Alma Monserrat Guerrero Méndez recalcó que la dependencia no tiene injerencia alguna para sancionar violaciones a derechos político-electorales de las mujeres, “a menos que constituyan una violación de los derechos humanos”.
“Si bien, no tenemos competencias para conocer asuntos político-electorales, sí tenemos competencia en asuntos de violaciones de derechos humanos, en este caso podría ser la violencia política cometida por acto u omisión de un servidor público o una autoridad y en caso de conocer un caso y no ser competentes, se canaliza a las instituciones competentes para su atención”, expuso.
Elaborar análisis de riesgos: Segob
Finalmente, la directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Karla Sánchez Hernández comentó que la dependencia a su cargo elabora análisis de riesgo de violencia política contra las mujeres, además de proposición de planes de seguridad para mujeres violentadas.
“Actuamos a solicitud del MP y en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública o de las direcciones de seguridad de los municipios, para generar todo un plan de apoyo”, finalizó.
A manera de síntesis, la titular de Seimujer recalcó que todas las instituciones que forman parte del OPPMM serán vigilantes de que en el periodo electoral venidero, se garanticen los derechos político-electorales de las mujeres, por lo que toda la legislación y normas en la materia tendrán su mayor prueba de fuego en el proceso que renovará la gubernatura, alcaldías y Congreso del Estado de Michoacán, en el cual, se garantizaría la paridad de género en las candidaturas.
