Melissa García – Morelia, Michoacán

Moralismo y desconocimiento de servidores públicos evita que niña de 12 años que fue violada, interrumpa el embarazo; la aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005, mediante la cual se ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultado de violación, no se aplica en el sector salud de la entidad, evidenció Circe López Riofrío, de la asociación Humanas Sin Violencia.

Desafortunadamente, las instituciones lo único que han demostrado es desconocimiento sobre los derechos humanos de las niñas, así como de los procedimientos que deben seguir en caso de una violación, externó a través de una conferencia de prensa virtual.

La menor que fue agredida sexualmente a los 12 años por su padrastro durante el confinamiento de salud por el COVID-19, relató, vive en las inmediaciones de la salida a Quiroga, dentro de uno de los cinturones de pobreza y marginación al que se enfrentan cientos de familias, sin embargo, a pesar de que existe la interrupción del embarazo producto de una violación, la menor no fue atendida y sí discriminada en el proceso.

Por ello, López Riofrío hizo un llamado al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, para que reciba a la víctima y conozca de viva voz la forma en que ha sido tratada, y las formas en que se le ha impedido recibir la protección que el estado debe brindarle y garantizarle a través de sus instituciones como parte de la reparación integral del daño.

La atención brindada por la Fiscalía General de Michoacán, ha sido muy destacada por parte del Ministerio Público, mencionó, no así por quien realizó el peritaje, el cual fue poco comprensivo y poco respetuoso.

En el caso de la Secretaría de Salud, a través del Hospital de la Mujer, la petición para realización de la interrupción del embarazo conforme a lo que indica la Norma Oficial Mexicana que abarca los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, es desconocida, evidenciando la falta de profesionalismo del personal.

La burocracia que enfrentó la madre de la víctima y la víctima misma, no es un procedimiento legal, no existe en ningún documento y de existir debería ser anulado porque deben seguir lo que indica la Norma Oficial, ya que con ello lo que se impide es salvaguardar la vida de la niña, siendo una emergencia, además de que entre más tiempo pase, más riesgos hay para la niña, mucho más riesgoso en términos de mortalidad materna si se le deja continuar con la gestación hasta el término, lo cual es una tortura y violencia institucional, manifiesta.

“Lo que observamos”, enfatizó, “es un total desconocimiento de la ley, además de una falta de profesionalismo en la atención”.

En el caso del Sistema DIF Michoacán, al que se dio aviso por instrucción del juez de Control al Ministerio Publico, “la atención es verdaderamente un insulto y de violencia institucional, por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes no sólo deben brindar la atención psicológica, al comunicarse vía telefónica con la madre de la víctima, le advirtieron que la atención psicológica tenía un costo, además de indicarle que la cita con la psicóloga era para explicarle cómo es el proceso de adopción, lo cual no sólo vulnera la integridad y vida de la niña, que es una víctima, sino que violenta su decisión para acceder a un aborto seguro que por ley tiene acceso”, resaltó.


Discover more from Primera Plana MX

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Deja un comentario