Alcaldes y síndicos de Michoacán se resisten a pagar fianzas: ASM

Morelia, Michoacán – Melissa García

Hay bastante resistencia de alcaldes y síndicos michoacanos de pagar las fianzas que establece la ley, con las que se evitaría algún quebranto al erario público municipal, expuso el titular de la auditoría superior de Michoacán Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

En conferencia de prensa virtual, el auditor aclaró que al menos 28 funcionarios públicos municipales de igual número de municipios, promovieron el pasado 3 de junio, un juicio para la protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, en contra de la Emisión y Ejecución de los Lineamientos para la Tramitación, Contratación, Recepción, Registro, Operación, Aplicación y Determinación de Montos de las Fianzas que deben de otorgar los Servidores Públicos Municipales y Estatales del Estado.

El amparo lo realizaron en conjunto ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, mismo que quedó radicado bajo el número TEEM-JDC-038/2020.

Aguirre Abellaneda mención que el reglamento contempla para la fianza más alta la cantidad de 23 millones de pesos, en el caso de las Secretarías y en el caso de las alcaldías, la más alta es para el municipio de Morelia por 14 millones de pesos, mientras que para las localidades más pequeñas será hasta por 400 mil pesos, lo equivalente a casi el 3 por ciento del total del presupuesto.

Es un tema de administración de recursos, resaltó, ya que si los funcionarios locales quebrantan el erario público, la fianza servirá para hacer frente a las cuentas que queden pendientes.

Sin embargo dijo, los ediles, síndicos, tesoreros y administradores del Servicio de Agua Potable, quienes deben pagar la fianza, han argumentado que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado fue modificada en 2019, en tanto que el reglamento de fianzas fue publicado recientemente, por lo que éstos no pueden aplicarse de manera retroactiva, ya que los funcionarios tomaron el cargo en 2018.

El auditor reconoció que la medida legal es cierta, pero se debe de cumplir la ley en lo que corresponde al año 2020 y 2021, a pesar de que éstos terminen su periodo de gobierno y busquen algún otro cargo de elección popular, ya que de incurrir en la medida precautoria, podrían ser inhabilitados, además de que el reglamento contempla que se cobren estas fianzas por la vía penal y civil, y se puedan hacer valer, ya que los beneficiarios son los municipios que se verán afectados en el erario público de haber un quebranto.

Cabe mencionar que los funcionarios amparados son: Myrna Merlos Ayllón, Norma Idalia Juárez Mendoza, Margarita Álvarez Mendoza, Eva María Barriga Reyes, Tania Yunuen Reyes Corral, Jaqueline López Cárdenas, Diana María Rosales Céspedes, Horacio Alberto Arroyo Solórzano, Everardo Mora Arana, Karla Lizet Mendoza Suárez, Dora Irma Macías Silva, Yadira Rojas Serrano, Natalia Hildely Campos Quintero, Mario Serrato Torres, Guadalupe Cuevas Mendoza, José Manuel Balboa Álvarez, María de Lourdes Galindo Vallejo, Raúl Rico Reyes, José Arellano Bonaparte, José Arturo García Avellaneda, Adriana García Ortega, Paula Francisca Reyes Domínguez, José Alonso Gabriel Froylán, María Norma Peña Castañeda, Betina Espinoza Cervantes, Yessica Godoy Osornio, Adriana Berrios Hernández, Leticia Piceno Cendejas y Luis Manuel Parra León, en su carácter de síndicos y algunos presidentes municipales de los municipios de Zitácuaro, Huetamo, Cotija de la Paz, Tacámbaro, Pátzcuaro, Parácuaro, Nocupétaro Tiquicheo, Angangueo, Cojumatlán de Régules, Venustiano Carranza, Chinicuila, Cuitzeo, Carácuaro, Ixtlán, Charapan, Copándaro, Indaparapeo, Santa Ana Maya, Aquila, Huandacareo, Senguio, Tarímbaro, Turicaro, Tlalpujahua, Los Reyes, Villa Madero y Ario de Rosales.