Melissa García – Morelia, Michoacán
Pena de tres a seis años de prisión para quien en el servicio de la salud pública o privada limite o impida la atención oportuna y eficaz en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas, propuso ante el Pleno del Congreso del Estado, de manera virtual, la diputada Cristina Portillo Ayala.
La iniciativa fue respaldada por la legisladora morenista por la falta de sensibilidad, de personal capacitado, de instalaciones adecuadas y de equipo médico apto para facilitar atención obstétrica que, aseguró, es una regla que opera en las instituciones de salud, tanto privadas como públicas, pero especialmente en éstas últimas.
Por ello, resaltó, se requiere visibilizar la violencia obstétrica como el tipo de violencia que se genera en los servicios de salud, cuando por acción u omisión el personal causa un daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio, o bien en alguna emergencia obstétrica.
Aunado a ello, propuso que a quien, siendo personal de salud pública o privada, acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad, se le impongan de dos a tres años de prisión.
Sin embargo, cuando el sujeto activo sea servidor público, sugirió, además se le debe destituir o inhabilitar para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
“Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido”, afirmó.
Cabe señalar que la propuesta fue secundada por varios legisladores, quienes pidieron a la diputada que les permitiera suscribirse a la iniciativa, misma que fue aprobada y enviada a la Comisión de Salud para su análisis.
