Ciudad de México – El Universal
Irma Erédira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), informó este lunes que desde el viernes 1 de mayo, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se inició un expediente de investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la delegación de esa institución en Hidalgo a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En un comunicado, la secretaria aseguró que en la actual contingencia del coronavirus para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, “sean morales y no se alejen de la ética pública de la cuarta transformación.
“Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana”.
“Ante el esfuerzo que está realizando el Gobierno de México para hacer más eficaz el gasto público, resulta necesario poner énfasis en que las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 sean transparentes y se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado”, indicó.
La dependencia federal detalló que durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria Sandoval Ballesteros giró un oficio al director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad.
“No sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción”.
La SFP agradeció la aportación de medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar “pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación”.
Este mañana EL UNIVERSAL informa del desfalco al IMSS en el sexenio anterior donde se documenta el desvío de recursos públicos a empresas fantasma que supuestamente vendieron ventiladores, uniformes y medicamentos, pero que el SAT ya determinó que sus operaciones fueron simuladas porque no contaban con empleados ni infraestructura para llevarlas a cabo.
El Gran Diario de México detalla que entre 2014 y 2018, el IMSS contrató a 133 empresas fantasma a las que les pagó 320.9 millones de pesos que debieron haberse usado para fortalecer su infraestructura hospitalaria, la cual ahora enfrenta uno de sus mayores retos ante el COVID-19.
La mayor parte de estos recursos, destaca el reportaje, se destinaron a la supuesta compra de al menos 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, gasas y medicinas.