San José, El Salvador – El Universal
Un escenario de violencia callejera se abate sobre El Salvador, en un sangriento cruce de policías y militares con luz verde para usar la fuerza letal y de maras o pandillas con mortales redes de sicariato controladas desde las prisiones, con el presidente Nayib Bukele acusado de exhibir inquietantes signos de autoritarismo y con viejos escuadrones clandestinos de limpieza social que están expectantes en la sombra.
Despiadados, inclementes, cegados por el odio y la venganza y regidos por uno de los códigos más mortíferos y sanguinarios en la historia de Centroamérica, los reos de las maras Salvatrucha (M-13) y 18 (M-18) comenzaron a convivir mezclados en las cárceles de El Salvador, hacinados e incomunicados con el exterior para impedir que transmitan sus desafiantes órdenes criminales.
“Las medidas de aislamiento de reclusos relacionados con pandillas se han intensificado, tras detectarse que estos han ordenado un incremento de los asesinatos en los últimos días. Ahora se busca evitar el contacto visual entre ellos”, informó ayer la presidencia de El Salvador.
Las celdas de seguridad y máxima seguridad fueron selladas para descartar que los mareros “tengan comunicación entre sí”, detalló.
La chispa de la violencia podría estallar sin control en los penales y en las ciudades, en un choque entre Bukele y las maras por el control de las calles y con riesgo de que las culpas sean pagadas por la mayoría de los más de 6.7 millones de salvadoreños que todavía no caen en la migración forzada interna y externa por la inseguridad.
“Estamos sumamente alarmados. Hay gran número de asesinatos en los últimos días achacados a pandillas, lo cual alarma enormemente”, narró el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
“Unificar a los mareros en celdas puede causar una masacre de grandes proporciones. El presidente puede provocar un baño de sangre dentro y fuera de las cárceles. Hay grupos de exterminio o de limpieza social que creen que pueden tomar la justicia por su propia cuenta”, dijo Montenegro a EL UNIVERSAL.
“Las pandillas pueden incrementar su accionar y las fuerzas de seguridad cometer graves violaciones a los derechos humanos al autorizárseles a actuar de manera desproporcional en el uso de la violencia”, añadió.
Bukele ordenó el sábado anterior que, sin importar a la pandilla que pertenezcan ni que sean rivales, los presos de una u otra mara compartirán calabozos y dejarán de estar separados.
La decisión terminó con la costumbre de dividirlos para evitar enfrentamientos que se ejecutó luego de que hace unos 15 años hubo mortales pugnas en los centros carcelarios de ese que es uno de los países más violentos del mundo sin estar en un conflicto bélico.
Surgidas en el decenio de 1980 entre migrantes centroamericanos en Estados Unidos, las maras sufrieron deportaciones masivas de esa nación a El Salvador, Guatemala y Honduras y, sin lograr la reinserción socioeconómica en sus países natales, replicaron el modelo criminal de extorsión y muerte creado en California y otros estados.
El mandatario autorizó el pasado domingo a policías y militares a usar la fuerza letal contra las maras para contener la violencia callejera, que golpeó con una oleada de unos 20 homicidios diarios a partir del pasado viernes.
En medio de una cuarentena que decretó el 21 de marzo anterior por la pandemia del coronavirus, Bukele aseguró que la orden de la cruenta ofensiva fue dada por jefes mareros desde sus celdas.
“Bukele pretende darle carta blanca” a policías y militares “para matar”, tuiteó el chileno José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW), organización global no estatal de Washington de defensa de los derechos humanos.
Tras acusarlo de “autoritario y polarizante”, Vivanco recalcó que Bukele “parece decidido a convertirse en un verdadero autócrata” y le acusó de desacatar una resolución de la Sala Constitucional de El Salvador que, a inicios de este mes, le exigió cesar los arrestos arbitrarios y violaciones a los derechos humanos en la cuarentena.
Bukele rechazó estos y otros cuestionamientos, como el repudio interno y externo que recibió luego de que, apoyado en policías y militares, tomó el pasado 9 de febrero la Asamblea Legislativa para exigir que los diputados aprobaran un presupuesto de seguridad.
De 39 años, casado, con una hija y sin carrera universitaria, el ahora Jefe de Estado saltó a la política a inicios del siglo XXI con el izquierdista y ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en 1992 pactó la paz con la derecha tras una guerra que estalló en 1980 en El Salvador.
Bukele fue expulsado en 2017 del FMLN y en febrero de 2019, como candidato de una alianza política, ganó la presidencia y el primero de junio la asumió para un periodo de cinco años. Tildado de intolerante, el próximo viernes cumplirá apenas 11 de 60 meses en el cargo en un país sumido en una constante espiral de violencia.
