Ciudad de México – El Universal
El incremento de la migración a México por parte de mujeres provenientes de Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba, Brasil y países de Europa, enganchadas por grupos dedicados a la trata de personas, con promesas de empleos bien remunerados, se convirtió en un problema preocupante para la Fiscalía General de la República (FGR).
Las víctimas llegan al país, en específico a ciudades como Guadalajara, Monterrey y México, donde son explotadas sexualmente en diversos centros nocturnos y, con la finalidad de que no regresen a sus países de origen, los tratantes les retienen sus pasaportes o documentos de identidad, además de amenazarlas con ser reportadas a las autoridades migratorias, de acuerdo con un informe de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO) de la FGR.
Ellas conocen, en ocasiones, que trabajarán como damas de compañía; sin embargo, al llegar a los municipios antes mencionados, son obligadas a prostituirse.
Dentro del país, la UEITMPO, perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), identifica a Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Chiapas y Guerrero como entidades de origen, tránsito y destino de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado.
La gran mayoría de las víctimas en esas localidades, advierte la unidad especializada, son llevadas a los estados fronterizos de México con Estados Unidos para después ser internadas ilegalmente en ciudades como Nueva York, Atlanta, Houston y California, a fin de ser explotadas sexualmente.
“México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, este delito se da a través de diversas rutas provenientes de Sudamérica, Centroamérica, Asia y Europa, principalmente”, destaca el informe.
De 2016 a la fecha, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos ha abierto 186 carpetas de averiguación previa por el delito de trata de personas, de las cuales apenas 20 han sido judicializadas, obteniendo 10 sentencias condenatorias contra integrantes de organizaciones de tratantes.
En 2018, la UEITMPO obtuvo una condena de 37 años, seis meses y 4 mil días de multa, así como la imposición de la reparación del daño en favor de una víctima por 265 millones de pesos, por este acto delictivo, precisamente en Michoacán.
La unidad especializada afirma que la principal problemática que ha enfrentado es la falta de tribunales judiciales especializados para la atención de trata de personas, de ahí los bajos resultados alcanzados.
Pese a ello, sostiene en el informe, han extremado esfuerzos para el combate de este flagelo social, que afecta a los grupos más vulnerables, como mujeres y niños, ya sea mexicanos o migrantes indocumentados, personas indígenas, campesinos, obreros, trabajadores informales, personas analfabetas o con bajo nivel educativo, refugiados, desplazados internos, solicitantes de asilo y personas con discapacidad.
“Los grupos vulnerables antes referidos comparten situaciones específicas de vulnerabilidad como lo es la pobreza, baja o nula escolarización, escasas oportunidades laborales, marginación, violencia intrafamiliar o generada por contextos sociales, migración nacional o internacional, esto último debido a la necesidad de diversos grupos de moverse alrededor del país en busca de fuentes de trabajo, aceptando condiciones deplorables en muchos de esos casos”, indica el reporte.
Bandas desmanteladas
Según la UEITMPO, la Fiscalía General de la República ha desmantelado diversas organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, con fines de explotación sexual y trabajos forzados, integradas no sólo por grupos a nivel nacional e internacional, sino aquellos compuestos por familias, los cuales tienen su origen y lugar de asentamiento en Tenancingo, Tlaxcala.
La Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos ha desarticulado a cincos asociaciones de tratantes: Texis, Guzmán Lira, Velázquez-Zompantzi, Xolaltenco-Calvario y Xilotl, compuestas por familiares que tenían alcance internacional.
De acuerdo con indagatorias ministeriales, Texis era una organización criminal integrada por una familia que se dedicaba a enganchar mujeres, en su mayoría menores de edad de diversos estados del país, mismas que eran trasladadas a Tlaxcala, donde una vez sometidas comenzaban a ser prostituidas en bares de ese estado y el de Puebla.
Los Guzmán Lira también enganchaban a menores de edad y las movilizaban a la Ciudad de México y a Estados Unidos para ser explotadas sexualmente en diferentes antros y hoteles. Todos sus miembros fueron consignados ante un juez federal.
De la misma forma operaban los Velázquez-Zompantzi, los Xolaltenco- Calvario y los Xilotl, muchos de sus integrantes se encuentran vinculados a proceso por los delitos de trata de personas y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
