Melissa García – Morelia, Michoacán
El Decreto de Aislamiento Obligatorio debe ser cuidadosamente vigilado, para que los servidores públicos no incurran en excesos durante su aplicación, ya que el mayor porcentaje en experiencias de corrupción está basado en el contacto con elementos de seguridad pública, externó la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Elvia Higuera Pérez.
A través de un pronunciamiento, la ciudadana expuso que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2017 la corrupción ocupó el segundo lugar de los problemas que preocupan más a la población mexicana, pasando de 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017.
Además, la encuesta reveló que la gran mayoría de experiencias de corrupción fue en contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.5% de los casos.
A este respecto, Higuera Pérez comentó para Primera Plana Noticias que las facultades dadas a los cuerpos policiacos para llevar a cabo las medidas expuestas en el decreto implican grandes riesgos:
“Esperemos no se preste para medidas de sobornos, como desafortunadamente suelen actuar algunos elementos policiacos”
“Estamos hablando que si bien no es un estado de excepción, como en su momento lo manifestó el mandatario estatal, el decreto sí se convierte en ello, al momento de no poder salir a la calle de manera libre, sobre todo ante los cuestionamientos que harán los uniformados, de imponer alguna sanción administrativa o de llevar a la gente a un centro de detención momentáneo”.
Por estos motivos, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción propuso que las instituciones públicas participantes en la aplicación del Decreto establezcan un protocolo de intervención que sea claro y completo, delimitando funciones y responsabilidades de sus elementos durante las acciones y operativos que se efectúen.
Además, Elvia Higuera estableció que se deben otorgar garantías de la aplicación de un código de conducta ética debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de las instituciones participantes, además de implementar un sistema adecuado de denuncia ante las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúen de forma contraria a las normas internas o a la ley.
Esto implica la generación de una línea directa, puntualizó, para denunciar casos de extorsión o “mordidas” por parte de los servidores públicos.
Por último, dijo, también deberán fijarse los mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus acciones, con informes ante los medios de comunicación sobre detenciones, causas y sanciones.
