Melissa García – Morelia, Michoacán
Los presidentes de las distintas cámaras empresariales de Michoacán asumen que las iniciativas con proyecto de decreto sobre leyes ambientales para el estado tienen como trasfondo la recaudación de más impuestos, más que una medida real encaminada al cuidado del medio ambiente que incida de manera efectiva en el cambio climático.
En conferencia de prensa, los empresarios de Canacintra, Covechi, Inboplast, CMIC, ANIPAC, Canainma y AIEMAC refirieron que los diputados de la Septuagésima Cuarta Legislatura presentan y dictaminan leyes a favor del Ejecutivo del estado y no de la ciudadanía, como es su obligación, afirmaron, y citaron como ejemplar la iniciativa que desde noviembre de 2019 viene impulsando la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Congreso del Estado, sobre medidas que buscan mitigar el deterioro ambiental que afecta a la entidad.
Ley obliga a consultar a empresarios, argumentan
Argumentando que las cámaras empresariales son órganos obligados de consulta para el Poder Legislativo, y considerando que debieron platicar con ellos antes de lanzar estas iniciativas, exigieron que, en cumplimiento de la ley, se realice un parlamento abierto, donde empresarios, legisladores y especialistas participen en la generación de este marco normativo.
“Desde aquí les decimos: la solución no es la prohibición (de plásticos y otros contaminantes), no es prohibir lo que el estado tiene la incapacidad de regular; lo que necesitamos es que nos atiendan, que nos citen. Estamos abiertos para llevar especialistas, para ver cuál es la mejor opción y que Michoacán no sea un estado más para prohibir”, señaló Abelardo Pérez Estrada de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
El asunto es gestionar, no prohibir
Aunado a ello, el empresario aseguró que los industriales no se oponen a que haya un tratamiento de los residuos sólidos; lo ideal, enfatizó, es generar oportunidades de una nueva industria que no se tiene en todo el país, mediante la cual Michoacán podría ser punta de lanza en materia de regulación ambiental si decide ser responsable.
“Lo que se busca no es retrasar la ley, pero sí es necesario platicar y revisar los rubros que se exponen como motivo de reformas”, puntualizó.
Utilicemos a expertos antes de legislar
Preocupado por las reformas y la aprobación de leyes ambientales, Juan Antonio Hernández Léon, ex presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico AC (ANIPAC), expuso que los legisladores entablan propuestas sin tomar en cuenta los estudios de impacto que se tienen respecto del uso del plástico, mucho menos de opiniones de expertos.
“Las leyes que hoy deben aprobarse tienen que ser innovadoras y con tendencia mundial, no paliativas o sólo con fines recaudatorios”, advirtió.
Hernández León hizo un llamado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado a que se dejen ayudar por quienes “saben de plásticos”. Los diputados, añadió, tienen buenas intenciones, pero no tienen a los especialistas ni a las personas capacitadas para elaborar las iniciativas, por lo que exigió la realización de debates abiertos y no la imposición de medidas obsoletas.
Para Alfonso Guerrero Guadarrama, de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi), los impuestos ambientales sólo son de política recaudatoria, no precisamente para mejorar los servicios ambientales:
“Sólo serían mayores ingresos para el Gobierno del Estado. Se debe de ser creativo de otra manera”, consideró.
Políticas ambientales, fuera de foco: IP
En su oportunidad, Roberto Molina Garduño, de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma, lo urgente no se atiende, como es el caso de los bosques, mismos que han perdido su densidad en un 68 por ciento en los últimos 30 años, por lo que exigió que se parara el trabajo legislativo respecto de la modificación a las leyes ambientales en tanto no exista una consulta a las cámaras empresariales.
Finalmente, para el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán AC (AIEMAC), Carlos Enrique Barajas, los diputados pretenden crear gravámenes a la actividad económica por concepto de compensación ambiental en rubros como agua, aire, suelo, emisiones a la atmósfera, entre otros, “es decir con todas sus letras impuestos ambientales“; pero, consideró, con lo que están haciendo ahora los legisladores locales “está peor”:
“Porque la ley es tan ambigua y poco clara que deja la puerta abierta para que el Ejecutivo del estado, a su libre albedrío, genere los criterios, conceptos, montos, parámetros de regulación, a través de los reglamentos que emita”.
