Cuauhtémoc Castañeda – Morelia, Michoacán
El 60 por ciento de quienes delinquen por vez primera o que cometen un delito menor lo hace con el propósito de obtener recursos para mantener algún tipo de adicción, expuso el diputado morenista Alfredo Ramírez Bedolla en la presentación de su iniciativa de ley contra las adicciones, en el marco de la primera mesa de trabajo instalada para analizar la Estrategia Nacional Contra las Adicciones “Juntos por la paz”, este lunes en el patio central del Congreso del Estado.
El próximo presidente de la Mesa Directiva del Legislativo aseveró que esta será una ley incluyente y aplicable, de justicia terapéutica, que busca ser un puente para que quienes sufren una adicción sean tratados por ley con tratamientos psicológicos y psiquiátricos, además de un acompañamiento especial que les permita salir de ellas y avanzar hacia una vida libre de drogas y violencia, con lo que se puedan insertar a la sociedad siendo gente de bien y productiva.

Por su parte, la secretaria de Salud de Michoacán, Diana Celia Carpio Ríos, informó que el estado ocupa el lugar 16 a nivel nacional en adicciones, y que la marihuana, la cocaína, el THC y las anfetaminas son las principales sustancias encontradas en las necropsias de quienes fallecen por participar en un hecho delictivo, por lo que el problema es alarmante y preocupante, y debe corregirse pronto, porque las adicciones en muchos de los casos son promotoras de violencia e inseguridad, terminó diciendo.
A su vez Ramírez Bedolla precisó que lo que se busca es que en las áreas de la salud se otorguen los tratamientos a quienes lo requieran, ya sea porque hayan cometido un ilícito o requieran ayuda para dejar sus adicciones, y se pretende que esta ley no sea letra muerta, como es el caso de Chihuahua, donde ya existe una ley similar, pero debido a que no se previó dichos tratamientos en la atención de primer nivel se hace un embudo en la atención inicial.
“No queremos que esto nos suceda a nosotros, y que todo quede en buenas intenciones” afirmó.

Sin embargo, reconoció que actualmente la demanda de los casos rebasa la capacidad instalada y será necesario instrumentar la atención desde la ley y que se prevea los recursos necesarios para implementar esta ayuda, con una mayor cantidad de psiquiatras y psicólogos para subsanar esta problemática.
Afirmó que la tarea es de todos, porque no es tema que sólo se suscribe a la seguridad pública, ya que fundamentalmente es un tema de salud física, mental y social, por lo que es determinante la participación de la familia y todos los actores sociales e institucionales, como son los clubes de integración juvenil del Instituto de la Juventud que han sido impulsados a nivel nacional, o bien el trabajo que realizan los Centros de Escucha y la Casa del Artesano del Arzobispado de Morelia, que han sido fundamentales para iniciar la construcción de una vida libre de drogas y adicciones, y que dan cimiento y acompañamiento a los jóvenes en la construcción de valores, de motivación, de sano esparcimiento y convivencia, y la incorporación de ellos a actividades productivas para su desarrollo integral.
A esta primer mesa de trabajo concurrieron representantes del Sector Salud, de diversas instituciones educativas, de la Fiscalía General del Estado (FGE), de seguridad pública, del clero, de los centros de Escucha y las casas del Artesano de la Iglesia Católica, entre otros.







