Morelia, Michoacán – Melissa García
La Secretaría ejecutiva del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) implementará tres plataformas este año que permitan la concentración de datos sobre funcionarios sancionados, involucrados en licitaciones y sobre la evolución patrimonial de éstos.
En entrevista con medios, la presidenta del SEA, Elvia Higuera Pérez, explicó que durante el 2020 el organismo implementará la primer plataforma que contenga la concentración de los datos de funcionarios que han sido sancionados por vía penal o administrativa por un hecho vinculado con actos de corrupción.
Mientras que la segunda plataforma prevé identificar los nombres de funcionarios involucrados en contratación de obra pública. “Va a permitir identifica cuáles funcionarios están involucrados en contratación, licitación y adjudicación de obras para poder guiar las investigaciones de obra pública con más facilidad”, resaltó.
En estos temas hay falta de información, resaltó Higuera Pérez, al tiempo que ejemplificó que sobre la obra que abarca el Teatro Matamoros se han solicitado aclaraciones acerca del fideicomiso y “ni la Secretaría de Finanzas (SFA) ni el secretario de Obra Pública (SCOP) tienen información”, advirtió, “a veces no hay precisión de saber qué funcionarios están involucrados”, dijo.
En tanto que la tercer plataforma tiene que ver con la evolución patrimonial del funcionario. “No es el sistema que está funcionando a nivel nacional, sino un sistema que va a permitir identificar cómo va evolucionando el patrimonio de los funcionarios públicos a nivel local”, añadió.
Higuera Pérez aseguró que existen convocatorias de licitación para contratar obra pública de manera simulada, ya que al momento de emitir la convocatoria se detallan los requisitos, sin embargo muchas de estas adjudicaciones, se ha detectado, “están dirigidas”.
“Las convocatorias cumplen con la legalidad, con requisitos de fondo y de forma sin embargo al momento de la adjudicación de la obra se pervierte el proceso porque pareciera que sí cumplen con los requisitos pero cuando está el momento de la adjudicación es cuando el gobierno o el municipio justifican por qué ninguno de los que contendieron cumplieron con los requisitos y entonces adjudican a una tercera empresa y es cuando vemos que se pervierte el proceso”.
Por ello, resaltó, las plataformas son obligatorias. “Una laguna que encontramos en la ley es que no se establece una sanción para el municipio o el poder del estado que no suba la información. Son plataformas vinculadas a la transparencia y al acceso a la información”, expuso.
La idea es que estas tres plataformas estén funcionando en el primer semestre del 2020, manifestó. Que el suministro se pueda realizar de marzo a junio y puedan estar funcionando con información que se va a ir actualizando a partir de junio de este mismo año.
“Creemos que es un poco ambicioso pero si las autoridades nos proporcionan la información va a poder funcionar”, señaló.
La ley no establece una sanción, puntualizó, pero el poder que no cumpla con la información que se le requiera o en su caso algún ayuntamiento, se va a generar un atraso en la plataforma. lo que visibilizará de qué poder o municipio no se cuenta con la información.
“Me parece que si bien el tema de la sanción es importante estaríamos apelando a que los poderes y los ayuntamientos, dimensionen la importancia de la transparencia y el acceso a la información”, acotó.
