Melissa García – Morelia, Michoacán

De cuatro a ocho años de prisión y el pago de 86 mil a 172 mil pesos será la sanción que reciba quien sin permiso alguno envíe, difunda o transmita a través de redes sociales e internet imágenes, videos o audios de conducta sexual sin el consentimiento de la persona o personas involucradas.

A partir de este martes 14 de enero la llamada ‘Ley Olimpia’ entró en vigor en Michoacán, luego de hacerse realidad en otras 17 entidades federativas.

Tras su aprobación por la Septuagésima Cuarta Legislatura el pasado 28 de diciembre, la Ley Olimpia es un conjunto de reformas que afecta directa y principalmente al Código Penal del estado, en el que se asienta el reconocimiento legal a la violencia digital como la cibervenganza, el ciberporno y el acoso sexual como un tipo de delito, y en especial como violencia en contra de las mujeres, por lo que su cometimiento tiene como consecuencia la privación de la libertad y/o multas económicas para quien difunda en redes sociales contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento.

La Ley Olimpia define la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e informacion privada, así como la difusión de contenido sexual (fotos, videos, audios) sin consentimiento y a través de las redes sociales, atentando contra la integridad, la libertad, la vida privada y los derechos, principalmente, de las mujeres.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2015, el ciberacoso es el único registro de carácter nacional que refleja que al menos 9 millones de mexicanas han vivido este tipo de delito, mismo que contempla, entre otro tipo de acciones, el compartir contenido íntimo sin consentimiento.

Las personas más vulnerables a sufrir este tipo de acoso son las mujeres de entre 20 y 29 años, seguidas por el grupo de 12 a 19 años.

Cabe recordar que la Ley Olimpia surgió a partir de que Olimpia Coral Melo, activista principal de la causa, fue víctima de la difusión de un video sexual en redes sociales sin su consentimiento, lo que afectó su vida, sin que las autoridades pudieran apoyarla, lo que la impulsó a presentar una iniciativa de ley que modificara el Código Penal de su estado natal, Puebla, para que con ello se reconociera la divulgación de este tipo de contenido como un delito.

Tras cinco años de buscar justicia, logró que el Congreso de su Estado aprobara la iniciativa, misma que, tras ello, comenzó a impulsar a nivel nacional. Desde finales de 2019, Michoacán se convirtió en la entidad número 18 en aprobarla.


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