Melissa García – Morelia, Michoacán
Como innecesarias calificó el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora a las modificaciones de la Septuagésima Cuarta Legislatura en noviembre de 2019 a la figura de legítima defensa en la fracción VI del artículo 27 del Código Penal del Estado de Michoacán, en entrevista con Primera Plana Radio.
El especialista en derecho penal resaltó que la legítima defensa ya está considerada en el marco jurídico, sin embargo son las investigaciones ministeriales las que deben soportar el precepto para que no haya confusión en la determinación de los juzgadores.
“Siempre el Código Penal consideró la legítima defensa como una causa excluyente, una forma de justificar la conducta que en principio se considera penal pero que el derecho la quiere justificar por una cuestión jurídica”, expresó.

Añadió que la legítima defensa de trata de repeler la agresión de la que se es objeto para defender los bienes, la propia vida o la de un tercero, ante un ataque inminente. La adhesión a la norma, aclaró, trae consigo que ante esa agresión se pueda actuar con miedo y repelerla.
Sin embargo, el miedo, la confusión u ofuscación son ambiguos, subjetivos, y no se justifican legalmente si no se comprueban, enfatizó.
“Sí se puede probar. Hay resoluciones que lo determinan, hay otras que no las han acreditado, más que ante el sentimiento que ante el derecho muchas veces se ha justificado que el tribunal no haya dado la legítima defensa”, externó.

Magaña de la Mora consideró que ha habido una mala información respecto de qué es la legítima defensa, ya que las consideraciones plasmadas en una investigación son las que considera el juez para determinar si esta existió o no.
En términos generales, dijo, sí se deben actualizar los supuestos, porque si no, se da lugar a que un abogado o infractores de la ley con destreza o costumbre vayan a cometer una agresión en la que que argumenten que estaban llenos de miedo, y sea algo que no se probó en autos.
Las cuestiones subjetivas, como el miedo, la confusión u ofuscación para poder aplicar la justicia, insistió, deben quedar en claro para que a quien corresponda pueda juzgar, y no para quienes quieran hacer valer el precepto, ahondó.
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