ASM enterró expediente de Cuauhtémoc Cárdenas Jr por Teatro Matamoros

Melissa García – Morelia, Michoacán

El expediente jurídico que sancionaría a Cuauhtémoc Cárdenas Batel, hermano del exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, hoy coordinador de asesores del presidente de la República, nunca se mandó al área jurídica por las observaciones suscitadas en torno de la obra del Teatro Mariano Matamoros, expuso el nuevo auditor del estado Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien aseguró que no se inició en momento alguno un procedimiento en la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) por lo que pudo ser un desfalco de al menos 158 millones de pesos, ya que el expediente lo dejaron en un cajón hasta que prescribió hace más de tres años.

El auditor superior de Michoacán reconoció que la negligencia, así hubiera sido por omisión, de no judicializar el expediente es grave, sin embargo ya no se podrá llevar a cabo investigación alguna en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Batel, pues el asunto está prescrito, y lo único viable es denunciar a quienes estuvieron a cargo del caso y lo dejaron vencerse.

“El (caso del) Teatro Matamoros está prescrito, se prescribió en el área estatal, no pasó ni a jurídico. El área estatal no le dio seguimiento, yo ya tengo la observación, ni se lo mando al jurídico para que la actuara (en su momento); lo guardó en su cajón hasta que prescribió y lo manda a jurídico ya prescrito”, precisó.

Cuestionado sobre si en el caso hay observaciones por 158 millones de pesos, el funcionario dijo que pudiera ser que sí, sin embargo, manifestó que entrar a un expediente prescrito a fondo no tendría caso, pues sólo sería “morboso” hacerlo.

El expediente del Teatro Mariano Matamoros se encuentra prescrito, insistió, sin embargo existe 90 por ciento de expedientes municipales caducos sólo del 2017, alarmó.

“Vamos a levantar las denuncias de investigación de las diferentes áreas, por omisión. Ahí un ejemplo muy claro: todas las auditorías del 2017 que se entablaron a los municipios están caducadas; ahí yo tengo que meter aun más la denuncia por la negligencia respectiva. La caducidad sí me permite reinstaurar otra vez los procedimientos. Tengo que hablar con la Comisión Inspectora para decirle, tengo que volver a auditar lo que dejaron de auditar para yo poder iniciar 2017 y ellos me vuelvan a emitir una orden de finalización”, ahondó.

Los expedientes se caducaron en 2017 porque no les dieron seguimiento alguno, abundó, y crearon un área de investigación fuera de la ley.

“Dijeron: ‘tú eres encargado’, y no le dieron el seguimiento, y durmió el sueño de los justos”, evocó.

Sin embargo, aclaró que si bien la caducidad en teoría le permitiría volver a instaurar los procesos, la prescripción impediría hacer cualquier cosa:

“La dejaron prescribir; más o menos tiene dos o tres años de prescripción, sino hasta más.

“Para hacer la denuncia, resaltó, se tiene que agarrar todas las prescripciones que se tiene. Yo tengo prescripciones de 2004, 2009, pero no es viable subirse a un tribunal por prescripciones, eso sería una pérdida de tiempo. Me van a ganar, yo no puedo defender, no puedo revivir un muerto”.

Ante todos estos males, resaltó que la única buena noticia es que el caso que sigue con vigencia y se puede rescatar legalmente es el de la Presa Francisco J. Múgica, esa que podría convertirse en un nuevo escándalo de corrupción de Odebrecht.