Por Luisa María Calderón
Al asumir la gubernatura del estado el doctor Salvador Jara Guerrero en Michoacán, en 2013, dio a conocer que el monto de deuda de Michoacán llegaba ya a 27 mil millones de pesos que los gobiernos de Cárdenas Batel, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, habían contratado con aprobación del Congreso del estado sin ton ni son, que se destinaban esencialmente a pagar gasto corriente como salarios y convenios con los sindicatos. Además de que se contrató, en la mayoría de los casos, en condiciones malas para el estado: con los intereses más altos y sanciones también caras.
De allá para acá se ha legislado en el ámbito federal, entre 2013 y 2018, para que no pueda endeudarse un gobierno para cubrir temas como gasto corriente, sino sólo para infraestructura, además que está calificado quién puede y quién no puede hacerlo en términos de riesgo por sus deudas a corto y largo plazo.
Cuenta cuánto costó el préstamo, en qué se ocupó, cuánto se ha abonado a cuentas anteriores, cuánto se endeuda en función de su presupuesto total, entre otras variables.
Por otro lado, y como lo hemos mencionado bastante, el gobierno federal hoy ha reducido el recurso que desde el pacto federal venía redistribuyendo a estados y municipios que no pertenecen al partido del titular del Ejecutivo, de tal forma que no puedan trabajar con lo elemental.
Redujo en casi 40% el recurso para el campo y en 25 el recurso para seguridad. Si no se desarrolla el campo en especial en las zonas pobres, la migración hacia las ciudades aumenta y aumenta la inseguridad.
Si se reduce el presupuesto para la seguridad, obviamente aumenta la inseguridad. No es que los mensajes de “pórtense bien” van a sustituir una política de infraestructura para reducir a su vez factores que inciden en el aumento de la delincuencia.
Ante este panorama, el Ejecutivo estatal ha enviado a los diputados locales una propuesta de financiamiento que tiene las características que la legislación hoy obliga para endeudarse con responsabilidad.
Aquí la enlisto para compartir contigo:
- Infraestructura educativa y de investigación: casi 51 millones de pesos
- Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales: 249 millones 300 mil pesos
- Vialidades urbanas: 651 millones 957 mil 582.75 pesos
- Plazas, parques, jardines y espacios abiertos: 29 millones 250 mil pesos
- Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios: 3 millones de pesos
- Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos: 801 millones 280 mil 59.52 pesos
- Centros de asistencia social: 3 millones 60 mil pesos
- Carreteras, autopistas y aeropistas: mil 95 millones 255 mil 827.14 pesos
- Otras obras de urbanización: 18 millones 340 mil pesos
- Instalaciones y equipamiento de edificaciones para la seguridad pública, policía y tránsito: 977 millones 558 mil 530.59 pesos
- Instalaciones y equipamiento en calles, parques y jardines: 120 millones de pesos
Como lo puedes ver, son inversiones para la seguridad y el desarrollo. Tienen etiqueta y monto, y, como sabemos, incentivar la construcción genera empleos, circulación de recursos e impulsa la economía. Algo ha cambiado: no es deuda para gasto corriente, no dependerá de la gestión de los diputados, no es para cualquier cosa sino que declara monto y objetivo, y tú y yo podemos darle seguimiento, que es nuestra facultad como ciudadanos.
Que tengan un fantástico fin de año, y envío mis mejores deseos de que 2020 sea un mejor año que el que hoy dejamos atrás.
