Morelia, Michoacán
Si el Gobierno de Michoacán insiste en aplicar una batería de nuevos impuestos en el ejercicio fiscal de 2020, el Grupo Parlamentario de Morena replicará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de blindar los intereses económicos de las y los michoacanos, sentenció el diputado Fermín Bernabé Bahena.
El diputado emanado de Morena advirtió que las y los diputados que comulgan con la Cuarta Transformación procurarán inhibir toda acción recaudatoria que vulnere la estabilidad económica de la ciudadanía, en congruencia con las causas sociales que, dijo, el Grupo Parlamentario de Morena ha defendido desde el Congreso de Michoacán.
“No es posible que, si ya existe un antecedente ante la Suprema Corte, el Gobierno de Michoacán insista en promover impuestos que no solo son dañinos para la ciudadanía, sino que también rayan en una doble tributación”, condenó el legislador local, para luego convocar a sus compañeras y compañeros diputados a ser sensibles ante la realidad social que enfrenta la entidad, al momento de definir el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
Para Bernabé Bahena, la aplicación del impuesto por remediación ambiental en extracción de materiales, así como los de emisión de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y el de depósito o almacenamiento de residuos; sería violatoria a normas recaudatorias, por replicar contribuciones federales.
En lo que respecta al impuesto por remediación ambiental en extracción de materiales, Fermín Bernabé manifestó que no queda clara la base gravable, que en este caso estaría medida por el volumen en metros cúbicos, cuya definición tendría que partir por la cantidad de material permitido en las autorizaciones que emanen de autoridades ambientales, de un estudio geológico o bien, de una licencia de aprovechamiento de material pétreo no reservado a la Federación.
Al hablar del impuesto de emisión de gases potencialmente contaminantes al esquema ambiental de Michoacán, subrayó que no existe una base técnica que justifique la cuota impositiva de 25 pesos por tonelada emitida de bióxido de carbono, que es el principal gas contaminante.
Explicó que, sobre el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos, por el volumen de la cuota aplicada -100 pesos por tonelada-, se corre el riesgo de un mayor daño que beneficio, considerando que se propiciará la creación de tiraderos de basura clandestinos, y se romperá el sistema de reciclaje de elementos que contiene la basura doméstica e industrial.
“Es política y éticamente correcto, rechazar el impuesto ambiental, como instrumento de política ambiental. Pero es indispensable que su creación, no obedezca a fines exclusivamente de naturaleza recaudatoria”, concluyó.
