Morelia, Michoacán – Juan Antonio Magallán
Una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres amparos ante el Poder Judicial y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), será el camino jurídico que seguirán los más de 300 trabajadores de la Junta de Caminos, luego de que el Ejecutivo estatal eliminó la dependencia a través de un decreto.
Así lo manifestó Rodrigo Correa Vences dirigente del sindicato de trabajadores de la Junta, quien señaló que el gobierno estatal les adeuda ocho quincenas de sueldo y para el finiquito no se están respetando los años de antigüedad de cada empleado; esto luego de que el pasado 25 de noviembre, se publicara en el Diario Oficial la extinción oficial de la dependencia.
En ese sentido, Correa Vences dijo que ante la lentitud en el Congreso del Estado para abordar el tema, así como la falta de eficacia de acciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Tribunal de Justicia Administrativa, decidieron elevar la protesta a nivel nacional, de la mano de la Nueva Central de Trabajadores (NCT).
“No hay voluntad política en el Congreso, el tema de la Junta es más social que político, pero ellos se manejan por sus intereses políticos. Se fue el año y no hay respuesta clara para nosotros”, expresó.
El dirigente sindical señaló que la controversia constitucional se está gestando al interior del Congreso y pese a que hay algunos diputados que les han señalado que no hay nada qué hacer porque el Ejecutivo ya publicó el decreto; otro grupo de legisladores están promoviendo el recurso legal.
“Esperamos que el Congreso sí ejerza su facultad y su poder y defienda la causa de la Junta, ellos están elaborando la controversia y se tienen 30 días para presentarla y está siendo promovida por la diputada Sandra Luz, Cristina Portillo, Javier Paredes, Brenda Fraga, Fermín Bernabé, Sergio Báez y Teresa López, pero se necesita la firma de 14 para que pueda ser enviada a la Corte”, finalizó.
