Melissa García – Morelia, Michoacán
El diputado perredista Antonio Soto Sánchez culpó a la morenista Cristina Portillo Ayala sobre la forma en que se extinguió la Junta de Caminos de Michoacán, al indicar que fue su responsabilidad el que no se dictaminaran las iniciativas que se presentaron a favor o en contra de las exigencias de los trabajadores, con lo que legalmente los tiempos se dilataron y se obligó al Gobierno del Estado a de manera jurídica y administrativa decretar la extinción, lo que quedó formalizado con la publicación en el Periódico Oficial del Estado el lunes 25 de noviembre pasado.
“Si los trabajadores deben culpar a alguien de que no se haya resuelto correctamente y a tiempo las iniciativas es a la presidenta de la Comisión, por su omisión; a ella le deben que el Ejecutivo haya tenido que decretar administrativamente la extinción”, apuntó.
El Congreso del Estado fue omiso, exhibió, pues dejó transcurrir 90 días más después de los otros 90 para la dictaminación de las iniciativas presentadas.
“Cristina Portillo nunca quizo someter a consideración el decreto de extinción por buscar opciones intermedias, por lo que se violó el procedimiento legislativo, y al no cumplir el Legislativo, el Poder Ejecutivo tiene las facultades legales para tomar la decisión con un carácter administrativo con base en artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para extinguir la Junta.
Recordó que se solicitó la ampliación del término, pero se pidió de manera extemporánea, de tal suerte que el Ejecutivo terminó tomando la decisión que se publicó oficialmente el pasado lunes.
“Lo que puede ocurrir es que el Legislativo busque una controversia constitucional en contra del Ejecutivo, pero eso se tendrá que acordar desde el Congreso del Estado, para que en tal caso sea un tribunal constitucional el que determine de manera definitiva”, explicó.
