Melissa García – Morelia, Michoacán
Ante las dudas sobre el presupuesto que se otorgará a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán para la edificación de todos los cuarteles policiales proyectados, así como por la necesidad de conocer en qué va la licitación de las soluciones informáticas que controlarán el sistema de videovigilancia y arcos carreteros que opera a través fibra óptica en todo el estado, este viernes la Comisión de Seguridad del Congreso local se reunirá con el secretario del sector en las instalaciones del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), ubicado al poniente de la capital michoacana.
“Queremos conocer qué situación guarda la licitación de las apps, así como en qué condiciones se encuentran los cuarteles policiales que faltan”, enfatizó.
Para el presidente de la Comisión, el perredista Humberto González Villagómez, la reunión es trascendental para darle seguimiento a las actividades, estrategias y planteamientos que lleva a cabo la SSP desde que fue encabezada por Juan Bernardo Corona, Martín Godoy y ahora Israel Patrón, ya que reconoció que no saben en qué va la implementación de la estrategia.
Asimismo adelantó que uno de los planteamientos que se harán al titular de la dependencia es la solicitud de un diagnóstico sobre la complejidad que enmarca el procedimiento que siguen los derechos sociales y económicos a los que pueden accesar los policías, ya que ante su tarea de mucha responsabilidad es necesario conocer la situación que guarda el proceso que sigue a la muerte de alguno de ellos.
Por su parte, el diputado panista Hugo Anaya Gudiño manifestó que abordará junto con la Comisión de Seguridad el tema del modelo nacional de policía dentro de los Juzgados Cívicos, si el modelo ya lo contempla la SSP, “sobre todo porque es un esquema que plantea resolver los delitos del fuero común, los que en un 94 por ciento engrosan la delincuencia en su generalidad”, refirió.
Añadió que se solicitará un reporte sobre la aplicación del recurso público aprobado por el Congreso local para la institución.
