Morelia, Michoacán – Juan Antonio Magallán
Reglamentar y crear un capítulo de sanciones de la reforma al artículo 134 constitucional, para combatir al “monstruo corrupto” detrás del uso de recursos públicos para financiar campañas electorales, en ello coincidieron el senador Samuel García Sepúlveda y el académico nicolaita, Oracio Camacho.
Al participar en foro “Diálogos sobre el debido uso de recursos públicos en materia electoral” efectuado en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana y organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEEM) con la magistrada presidenta Yolanda Camacho como moderadora, ambas figuras señalaron que en el país no hay sanciones en contra de los funcionarios que usan recursos públicos para financiar campañas políticas, porque las normas para frenar esos excesos, están llenas de vacíos legales.
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado de la República, Samuel García, quien resaltó que tras una serie de reformas al artículo 134 (el cual estipula la parcialidad en la aplicación de recursos para partidos políticos durante las campañas de proselitismo) nunca se crearon leyes reglamentarias para generar sanciones reales a quienes usen dinero público para las campañas.
“Los gobernadores principalmente se alimentan del presupuesto público para mover estructuras; hemos creado un monstruo corrupto que se asegura de que un delfín se quede en el poder, y hemos visto infinidad de casos que pasan sin sanciones, porque no están estipuladas”, argumentó el legislador federal.
García Sepúlveda aceptó que antes de ser senador, “estuvo del otro lado” y defendió a infractores de la norma, y ahora que le toca estar del lago legislativo, está promoviendo recursos para la revocación de mandato del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, por demostrarle que en la campaña presidencial del 2018 coaccionó a 572 servidores públicos para que le juntaran firmas y lograr su registro como candidato independiente.
Por su parte, el subdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, Oracio Camacho Mercado criticó que la reforma al artículo 134 “estuvo inacabada y nunca se tuvo el ánimo de castigar a alguien”.
“Vemos a gobernadores, alcaldes y aquí mismo en Morelia, cuando Fausto Vallejo Figueroa era presidente municipal y asistió a un mitin de candidatos a diputados federales y no hubo sanciones, en su momento se señaló que no se violentaba la regla, pues claro, qué regla se iba a violentar, si ni siquiera existía, no tenemos leyes claras que castiguen esos actos. No hay ética en los servidores, sólo van por el dinero, el sueldo y los negocios que pueden hacer”, consideró el académico.
Ambos personajes coincidieron en que se requiere de reglamentación real y no ficticia para castigar el uso de recursos públicos en las campañas; a la fecha, no hay norma alguna que frene el uso discrecional de recursos públicos en las campañas proselitistas, en las cuales, los partidos políticos se surten con la cuchara grande.
