Melissa García – Morelia, Michoacán

La jueza de control decidió no vincular a proceso a los tres oficiales de la Policía de Morelia que acudieron al llamado de auxilio de la periodista Mitzi Torres Quintero ante una presunta violación en grado de tentativa, mismos que determinaron dejar ir al agresor y encerrarla a ella.

La audiencia judicial que se llevaría a cabo este lunes en punto de las 20:00 horas en la Sala de Oralidad número 1, ubicada en el Palacio de Justicia de Morelia, tuvo que ser reasignada a la Sala 7, en el edificio contiguo al principal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,a causa de, según informó la propia jueza Amalia Herrera Arroyo, la incomodidad de los asistentes ante un espacio reducido para la causa penal radicada bajo el número 556/2019.

La sala fue copada con la presencia de reporteros gráficos y periodistas que acudieron en apoyo de Torres Quintero, mientras que la comisionada de la Seguridad en Morelia, Julisa Suárez Bucio, llegó tarde y se retiró temprano, sin escuchar los argumentos, y mucho menos la sentencia.

A un lado de la sala se encontraba el Ministerio Público junto con los abogados de la víctima, así como la propia Mitzi; del otro extremo, los abogados defensores y los imputados Mª. Angélica V. P., Mª. Guadalupe, R. R. e Ivan René M. R.

Luego de dos horas de argumentaciones tanto de parte del Ministerio Público como de parte de los defensores privados de lujo con los que contaron los policías de Morelia, pagados con recursos públicos del Gobierno Municipal, la jueza estableció en punto de las 22:02 horas un receso de al menos una hora, con el propósito de revisar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y por la defensa, con el fin de definir la situación jurídica de los imputados.

Ante las acusaciones de Abuso de Autoridad, Ejercicio Indebido del Servicio Público y Lesiones Calificadas presentadas por la Fiscalía, la jueza Herrera Arroyo estimó que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para establecer la vinculación a proceso de alguno de los tres imputados, por lo que, a su criterio, los señalamientos jurídicos no se pudieron sostener al no existir “indicios razonables”.

Sin embargo, la enjuiciadora aclaró que si bien las pruebas indican que Torres Quintero fue revictimizada por los servidores públicos, las argumentaciones de los fiscales fueron deficientes, ya que no lograron sustentar las imputaciones criminales que pretendían, al no aportar razonamientos respecto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y careciendo de “claridad penal” en su manejo general del caso.

“La investigación que se tiene hasta el momento, no corrobora la denuncia hecha por la víctima. La información presentada fue insuficiente”, sentenció la letrada

Sin embargo, en la valoración de pruebas decidió dar prioridad al dictamen realizado por el médico legista municipal, quien afirmó que la denunciante sólo tenía un golpe en el pómulo izquierdo, por sobre la evaluación del perito de la FGE, que certificó en la humanidad de Mitzi Torres nueve lesiones constitutivas de delito.

En el criterio de la jueza Herrera, la omisión del Ministerio Público respecto de precisar cuáles lesiones fueron causadas por los imputados a la periodista y cuáles otras el agresor sexual, fue determinante para la debilitar las bases de su caso.

En punto de las 00:00 horas de este martes, la jueza de control resolvió la no vinculación a proceso, resaltando en el mismo acto, sin embargo, que a pesar de su dictamen la víctima tiene derecho a una apelación, y a través de esta a (ahora sí) presentar las pruebas y argumentos suficientes para buscar justicia y que se castigue a sus agresores.

Este fallo sería la segunda batalla judicial perdida para la joven periodista michoacana, después de la jueza cívica de turno en Morelia, prefiriera reprenderla por andar en la calle tomando a altas horas, siendo mujer, a dar trámite a su acusación contra los elementos policiales.

A esto siguió la decisión de las autoridades del Gobierno de Morelia que dejó del lado el respeto al debido proceso y, tras la declaración del alcalde Raúl Morón de que la joven mentía, la adminisración optó por revictimizarla públicamente e invertir todos sus esfuerzos en la defensa de sus policías.


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