Redacción – Morelia, Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) determinó que existen suficientes indicios de prueba para formular imputación en contra de los tres policías municipales que fueron denunciados por Mitzi Torres, la periodista que fue víctima de un intento de violación y al pedir auxilio a la Policía de Morelia terminó golpeada y encarcelada.

Iván R., María G. y María A. podrían enfrentar un proceso judicial, si así lo decide el juez de control, por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y lesiones.

Durante la investigación realizado por los agentes de la FGE, bajo los protocolos de atención con perspectiva de género, las pruebas los llevaron a establecer que los policías cometieron hechos delictivos en agravio de la reportera, por lo que en apego a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales se solicitó al órgano jurisdiccional que citara a los presuntos delincuentes a su respectiva audiencia de formulación de imputación, la cual se realizó este mismo miércoles.

Será dentro de las próximas 144 horas que el juez de control, resuelva la situación jurídica de los imputados, ya que se acogieron a la garantía de duplicidad de término. Así, será a más tardar el próximo martes que se conocerá si los policías de Morelia tendrán que enfrentar a la justicia por utilizar la confianza invertida en ellos por los ciudadanos, para abusar de los mismos, esta vez en contra de una joven.

Fue el pasado 20 de agosto que un sujeto intentó violar y golpeó a Mitzi Torres, en plena calle, y al pedir auxilio a la policía, llegaron los acusados y dejaron libre a su agresor sexual, y luego la torturaron física y verbalmente, para luego encerrarla durante 7 horas en los separos municipales, con la presunta complicidad del médico legista y la juez cívica municipal de turno.

Los periodistas michoacanos reaccionaron en apoyo de la comunicadora, y el presidente municipal Raúl Morón en apoyo de sus policías, ahora presuntos delincuentes, y emitió públicamente su dictamen de que no habían cometido falta alguna, para después, a través de su Dirección de Comunicación Social, emprender una campaña de desprestigio y revictimización en contra de la joven abusada por los agentes a su cargo.


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